Amnistía Internacional (AI) ha revelado en su informe anual que la situación sobre Derechos Humanos en Sudamérica es preocupante. La Organización dedicada a estudiar y denunciar violaciones a las garantías ciudadanas, ha sido enfática en declarar que tanto Venezuela como México irrespetan tratados internacionales, y en 2015 incurrieron en faltas graves.
Aunque casi todos los países que integran la comunidad latina han firmado pactos tanto en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y las convenciones mundiales para proteger los derechos civiles de sus habitantes, muchos de ellos no cuidan su proceder y muestran cifras que anuncian una escalada de arbitrariedades; así se destaca en la exposición descrita en el documento de AI.
¿Cuál es la situación real?
Según AI, Venezuela es la nación más violenta del continente, donde ocurre un homicidio por cada 4 habitantes, y tras los índices de violencia que muestran sus principales ciudades, el país petrolero se ha convertido en una guillotina mortal que ya suman en una década más de 200 mil muertes sangrientas. Además, el tema de los encarcelados por situaciones políticas preocupa a toda la región, y más cuando el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas ha pedido la liberación de varios detenidos, cuestión que el gobierno de Miraflores ha desestimado. En 2015 se unieron a estos escenarios de violencia y sesgo a la disidencia política, la crisis que sufren los venezolanos al momento de adquirir alimentos y medicinas.
Mientras tanto, Brasil, Colombia y México no escapan de las cifras rojas en casos de ajusticiamientos y asesinatos seriales, temas que van de la mano con el tráfico de drogas. Situaciones que han generado el repudio colectivo por lo acontecido y más cuando las cifras de impunidad llegan al 60%, induciendo la incapacidad de los Estados para resolver éstos crímenes.
Con respecto a Centro América, Honduras es uno de los países menos aprobado en el examen sobre DDHH, las desapariciones forzosas en empresas terratenientes, junto a la trata de blanca infantil, ponen en tela de juicio el trabajo del gobierno para atacar estos flagelos.
México y las alarmas
Luego del caso Ayotzinapa con la desaparición de 43 normalistas, el Estado mexicano ha sido señalado en el mundo por aguardar una red de organizaciones delictivas que actúan campante burlando la seguridad nacional. Y aunque lo sucedido en el Estado de Guerrero es sólo una muestra de los tantos sumarios denunciados, sin duda ese episodio visibilizó la problemática del narcotráfico y su látigo en contra de los ciudadanos. También se suman delitos de torturas policiales y ejecuciones extrajudiciales, a las que Human Rights Watch (HRW) ha calificado como atroces, y piden efectividad al presidente Enrique Peña Nieto.
El Proceso de Paz en Colombia
Decenas de organizaciones No Gubernamentales que hacen vida dentro del país neogranadino vienen advirtiendo que el acuerdo final de “Paz” impulsado por el mandatario Juan Manuel Santos y los líderes insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), podría significar un cese a las hostilidades legalizando la impunidad. AI y HRW coinciden que no se puede llegar a final término si no hay castigo a los delitos terroristas que se han cometido en la nación cafetalera por casi 52 años; además aseguran que esto crearía un precedente para la actuación libremente de nuevos grupos extremistas.
Números positivos
Entre los países latinoamericanos que pueden respirar con mayor tranquilidad en términos de DDHH están: Uruguay, donde la impunidad no sobrepasaría el 15%; Panamá, confirmado en su adhesión al Consejo de DDHH de la ONU; Argentina, a pesar de los grupos que critican algunas acciones del nuevo gobierno del derechista Maurio Macri; Chile, aunque salpicado por casos de corrupción; y Perú, sin embargo cuestionado por la explotación de comunidades rurales al igual que Bolivia y Ecuador.