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«Este jueves presentamos un nuevo proyecto a los integrantes de la oposición en la Comisión de Adicciones» de la Cámara de Diputados, informó el diputado Sebastián Sabini del FA. «Ahora la comisión recibirá delegaciones y también esperamos sugerencias de la oposición. Esperamos que antes de un mes se esté votando en la comisión y antes de fin de año en el plenario», agregó.
La renovada iniciativa crea al Instituto Nacional del Cannabis, que tendrá la potestad de otorgar las licencias de la cadena productiva y de los diferentes usos que podrá tener la marihuana: recreativo, medicinal o industrial.
«También define que podrán existir autocultivadores y clubes de cultivadores y que se podrá comprar marihuana en dispensarios públicos», señaló Sabini, quien detalló que los datos del comprador serán protegidos.
El autocultivo estará permitido para quienes tengan hasta seis plantas de cannabis y el producto de la recolección de la plantación precedente sea, como máximo, de 480 gramos.
«Los clubes de membresía podrán tener un máximo de quince socios; podrán plantar un máximo de 90 plantas de uso psicoactivo y obtener como producto de la recolección de la plantación un máximo de 7.200 gramos anuales» al tiempo que el Poder Ejecutivo reglamentará los «mecanismos de acceso a las semillas», indica el texto.
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El proyecto de ley no fija quién va a producir la marihuana que se venda sino que le concede al Estado la potestad de determinarlo, por lo que podrían hacerlo entidades públicas o privadas a determinar, explicó Sabini.
El diputado participó, junto a otros legisladores oficialistas y asesores legales y técnicos, de la modificación del proyecto original presentado por el Gobierno de José Mujica, en agosto pasado.
Por su parte, el sociólogo Agustín La petina, asesor del Ministerio de Desarrollo Social para el tema drogas, dijo a la AP que el texto «busca promover la salud pública e individual».
«La marihuana es la más consumida de las drogas ilegales y es mucho menos riesgosa que otras, como la pasta base» de cocaína, explicó y agregó que hay que «separar los dos mercados para minimizar la probabilidad de que un consumidor de cannabis vaya al mercado negro y termine en otras drogas».