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Desde que una mujer con alguna prótesis rota hace su primera evaluación con el cirujano plástico, hasta que completa la operación de extracción y cambio gratuito de las prótesis PIP, debería pasar un mes.
El plazo está establecido en los protocolos que ordenó realizar la medida cautelar de la Tribunal Supremo de Justicia para amparar a las portadoras de los implantes franceses defectuosos que tengan rotura y filtración del líquido protésico. La guía de procedimientos para pacientes, clínicas y médicos y distribuidores debería publicarse esta semana y ser consignada ante el TSJ.
El Ministerio de Salud podría anunciar mañana, a través de un comunicado, el inicio del censo de afectadas, que será un registro obligatorio para portadoras de prótesis PIP, rotas o no y, a la larga, de implantes de otras marcas.
Jesús Pereira, presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, explicó que en otros países el Estado lleva un control de la colocación de los implantes. "Necesitamos esa información para saber cuántas prótesis se colocaron".
Explicó que en los casos en que no se pueda hacer la sustitución durante la primera cirugía, ésta se realizará en el tiempo que sea necesario. "En ese caso se habrá cumplido parte de la medida, que es la explantación".
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Cristino García, director de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados, señaló que aquellas mujeres que se operaron en ambulatorios o con médicos no cirujanos también serán atendidas.
La asociación servirá de puente para distribuir estos casos entre los afiliados. En principio, todas las afectadas deben acudir con el médico y a la clínica en la que se operaron inicialmente. Aquellas mujeres que no tengan la prótesis rota deben esperar a que la Sala Constitucional del TSJ dicte una sentencia definitiva sobre la solicitud de amparo hecha por la Defensoría del Pueblo.
Los protocolos acordados, sin embargo, funcionarían igual para atender a todas las mujeres portadoras de las prótesis, que son el foco de un escándalo mundial por fraude desde hace 6 meses.
Juicio en Francia. La Alianza Nacional de Consumidores y Usuarios (Anauco) se adhirió al amparo introducido por el TSJ y continúa sumando venezolanas a la causa colectiva que se lleva en Francia contra la empresa Poly Implant Prothése, fabricante de las prótesis defectuosas, y la empresa alemana Tüv, que certificó la calidad de los productos de la compañía francesa para su comercialización en Europa.
Roberto León Parilli, presidente de Anauco, informó que a finales de este mes se podría realizar la audiencia oral del juicio y dictarse sentencia. Unas 200 venezolanas están pidiendo en los tribunales franceses indemnización monetaria por daños morales.