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El Gobierno de Theresa May, si los conservadores ganan las elecciones del 8 de junio, doblará la tasa anual que tienen que pagar desde el mes pasado las empresas británicas que contratan trabajadores extranjeros o que no son de países de la UE, y que no tienen una alta cualificación profesional, según prometió ayer la líder ‘tory’ al presentar su programa electoral. Publicado por Iñigo Gurruchaga en La Rioja.com.
Las regulaciones de la Tasa de Cualificación de Inmigrantes se aprobaron este año y estipulan que las empresas de tamaño medio o grande deben pagar 1.168 euros anuales por la contratación de un inmigrante si no es un estudiante que al terminar sus cursos quiere cambiar la naturaleza de su visado o un graduado en formación profesional que está en proceso de formación. Las regulaciones también eximen a las empresas de pagar la tasa si el inmigrante contratado va a ejercer una función del nivel profesional de alguien que tiene una tesis doctoral.
Las empresas pequeñas -que tienen menos de 50 empleados o unos ingresos que no superan los 15 millones anuales- y las que no tienen como objetivo conseguir beneficios tienen que pagar 425 euros. El programa electoral presentado ayer solo anuncia que se doblará la tasa para los primeros, hasta 2.336 euros. Y los fondos recaudados serán destinados, según promete May, a la formación profesional de ciudadanos británicos.
El programa electoral afirma que también aumentará el coste de la Tasa Sanitaria de Inmigración, 700 euros, que tienen que pagar los inmigrantes y los estudiantes con visado por el uso de la sanidad pública. Estas tasas, a las que hay que añadir los costes de solicitud, tienen como objetivo el de reducir la cifra anual de inmigrantes, que en el último cómputo anual neto (los que llegan menos los que se van) se estima en 273.000.
El saldo migratorio neto, tanto procedente de la UE como desde fuera de la UE, fue muy similar, en torno a 165.000 inmigrantes, y la medida anunciada ayer está destinada a reducir el número de ellos que no proceden de la Unión. Una vez que se consume el ‘Brexit’, estas regulaciones y tasas podrían afectar a los españoles que quieran trabajar en Reino Unido. Tanto Londres como Bruselas han afirmado su voluntad de acordar el mantenimiento de los derechos de los residentes actuales.
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El gran reto
La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria ha calculado que el coste anual de una reducción de la inmigración a menos de 100.000 personas, como pretende el programa electoral, sería de 7.000 millones de euros. Pero May interpreta el voto en favor del ‘Brexit’ como un mandato para reducirla.
En su discurso de ayer, la primera ministra y candidata conservadora en las elecciones del 8 de junio, afirmó: «No se equivoquen, el reto central que encaramos es el de negociar el mejor acuerdo para Reino Unido en Europa. Si fallamos, las consecuencias para Reino Unido y para la seguridad económicas de la gente trabajadora ordinaria serán terribles. Si tenemos éxito, tendremos grandes oportunidades».
«El conservadurismo no es ni ha sido nunca la filosofía descrita por los caricaturistas», dijo May. «No creemos en mercados con libertad sin límites. Rechazamos el culto al individualismo egoísta. Aborrecemos la división social, la injusticia y la ideología, no solo como innecesarias sino también peligrosas. El verdadero conservadurismo está comprometido con el país y la comunidad».
Propone un mayor control gubernamental de adquisiciones y fusiones de empresas, en especial de infraestructuras críticas, quiere más control accionarial de los salarios de los directivos. Pero la iniciativa que más debate provocaba ayer en Reino Unido era la habilitación de préstamos fraccionados, con el aval de la vivienda, para pagar la asistencia social de enfermedades de larga duración, como la demencia.
