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El juicio político contra el presidente Fernando Lugo debe comenzar el viernes en el senado de Paraguay, después de que los legisladores votaron a favor de destituir al exobispo católico por su papel en unos enfrentamientos mortales que involucraron campesinos sin tierra.
Lugo, quien fue elegido hace cuatro años gracias a sus promesas de ayudar a los pobres del país sudamericano, apareció en televisión nacional para desmentir los rumores de que renunciaría y se comprometió a enfrentar el juicio con todas sus consecuencias.
La cámara baja votó el jueves a favor de destituir al presidente. Horas más tarde, el Senado anunció que el mandatario, de 61 años y enfermo de cáncer linfático, sería enjuiciado el viernes en un proceso que se extenderá por cinco horas, y tras las cuales habrá un veredicto.
En Paraguay, un país pobre y sin acceso al mar, la votación llevó a los atemorizados residentes en la capital, Asunción, a cerrar los comercios y las escuelas. La incertidumbre puso en alerta al hospital de emergencias por si se presentan disturbios y brotes de violencia.
Los paraguayos estaban nerviosos por la posibilidad de que el enfrentamiento que se avecina en el Senado, bajo control de la oposición, podría desatar violentas protestas callejeras como las que se produjeron en marzo de 1999 tras el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña.
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Legisladores de la oposición le pidieron a Lugo que renuncie para evitar la efervescencia política y evitar disturbios.
El ex obispo católico, quien asumió el mando en agosto de 2008 y debe entregar el poder en agosto de 2013, afirmó la noche del jueves en entrevista con Telesur, de Venezuela, que «iré al Congreso con mis abogados a defenderme y espero que reine la racionalidad en los parlamentarios para que este presidente pudiese salir airoso del juicio injusto».
«Mi gobierno es aceptable por la mayoría», enfatizó.
El jefe de Estado recibió la noche del jueves el respaldo personal de los cancilleres de nueve países integrantes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). El venezolano Alí Rodríguez, secretario general de la organización, hizo de portavoz: «dentro de la recta administración de justicia está el debido proceso con todas las garantías para que un acusado pudiese defenderse, eso sostenemos queremos en esta ocasión. El viernes nos reuniremos con el Parlamento y partidos políticos para buscarle una salida no cruenta a la situación porque en casos así los hechos a desencadenarse son imprevisibles».
«Respetamos la soberanía de Paraguay y la soberanía de sus instituciones constitucionales; no hacemos juicio de valor», dijo.
El presidente Rafael Correa, a su arribo a Ecuador tras la cumbre de Río, dijo en rueda de prensa que la Unasur podrá «no reconocer al nuevo gobierno (paraguayo) e incluso llegar al cierre de fronteras como lo establece la cláusula democrática de Unasur, internamente ellos pueden hacer lo que quieran, pero para ser reconocidos a nivel internacional depende de nuestra decisión».
Añadió que «ojalá entendamos la gravedad del asunto, esta época estaba siendo superada en América Latina».
El viernes durante una hora y media unos cinco diputados en condición de fiscales leerán la acusación. Luego habrá un receso de una hora y al reiniciarse, Lugo o sus abogados presentarán la defensa en un plazo máximo de dos horas. Posteriormente el Senado hará la valoración del descargo del mandatario y votará si lo destituye o lo absuelve.
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El pedido de juicio político a Lugo se produjo seis días después de la muerte de 17 personas en un enfrentamiento armado entre policías y campesinos durante el intento de desalojo de una reserva forestal en Curuguaty, a uno 400 kilómetros al noreste de Asunción, que desembocó en la renuncia del ministro del Interior y del jefe de la policía.
El diputado opositor José López Chávez informó que los cargos contra Lugo serán numerosos e incluyen su responsabilidad en el enfrentamiento, su vínculo con líderes de organizaciones de campesinos que invaden haciendas privadas y nepotismo en la administración pública, entre otras.
Si el ex obispo católico es destituido (con 30 votos de los 45 legisladores), el Partido Liberal Radical Auténtico volverá a ocupar la presidencia del país luego de 76 años.
«Aquí está decidida la destitución de Lugo. Para mí esto es un golpe institucional. El juicio político es puro trámite. Apenas le dan dos horas para defenderse», dijo el socialista Carlos Filizzola, hasta el sábado ministro del Interior de Lugo.
Jorge Oviedo, presidente del Senado, hizo un llamado a Lugo a través de los medios locales para que renuncie antes del juicio «para no someter al país a un desgaste innecesario. Me dieron la información fidedigna acerca de su deseo de abandonar el cargo pero es presionado por sus colaboradores más cercanos que le piden resistir».
Luego de que la Cámara de Diputados resolvió pedir al Senado su juicio político por 76 votos a favor, uno en contra y tres ausencias, Lugo anunció que no renunciaría al cargo.
El mandatario instó al parlamento a «cumplir con trámites y plazos constitucionales que me ofrezcan como presidente de la república toda la garantía de una justa y legítima defensa».
El clima en Asunción el jueves era tenso. La mayoría de las instituciones educativas suspendieron las clases por el día y pidieron a los padres que retiren a sus hijos de los colegios como medida de seguridad. Los locales comerciales del microcentro de la capital cerraron sus puertas ante la posible movilización de campesinos frente al Congreso.
A su vez se activó el código rojo en todas las instalaciones del hospital de Emergencias Médicas para recibir mayor cantidad de gente. Para ello el nosocomio liberó camas, trasladó a los pacientes estables a otros centros de salud de menor complejidad, colocó más camillas en la zona de urgencias y suspendió las cirugías programadas.
Organizaciones de campesinos de la izquierda moderada informaron que sólo se mantendrán atentas al desarrollo de los hechos.
«Lugo no está cumpliendo su principal promesa electoral de otorgar la reforma agraria pero no es culpa suya sino del Poder Judicial que frena todo intento de expropiar tierras en manos de extranjeros o recuperar terrenos que originalmente eran del Estado y hoy están en manos de ex adherentes de la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989)», dijo Belarmino Balbuena, líder del Movimiento Campesino Paraguayo en entrevista con la AP.
El analista político Horacio Galeano Perrone dijo a la AP que Lugo perdió respaldo entre los campesinos y su popularidad fue deteriorándose porque «el verdadero problema es la falta de reforma agraria. Estamos ante un estallido social y un estallido del campo».
Para el politólogo Bernardino Cano Radil, el apoyo popular al mandatario se vio minado por «su incapacidad para conducir el estado, sus señales confusas para repudiar la violencia, sus reuniones con personas irregulares y de conducta violenta de la política, su impotencia de enfrentar la situación política, su falta de diálogo con los partidos políticos democráticos parlamentarios».
Pompeyo Lugo, hermano mayor del mandatario y militante del opositor Partido Colorado, coincidió en que el presidente «tiene sus propias ideas, no escucha a nadie… El tiene una esposa, el Partido Liberal, y varias novias, las organizaciones de izquierda. Así es imposible gobernar».
En Paraguay 80% de las tierras fértiles está en poder de 2% de la población. Los terrenos, en su mayoría, están destinados a la producción agrícola y ganadera que por primera vez en 2010 permitió que Paraguay tuviera un crecimiento económico de 14,5%. Sin embargo, de 6,4 millones de habitantes 39% es pobre y dentro de esa franja 19% es miserable, según dijo a la AP el analista internacional Ricardo Rodríguez.
El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, William Ostick, dijo el jueves a la AP que «de conformidad con el compromiso del hemisferio con la democracia, es importante que la democracia de Paraguay y sus instituciones de gobierno sirvan a los intereses del pueblo paraguayo».
Señaló que «por lo tanto es sumamente importante que estas instituciones actúen de manera resoluta y transparente, y que los principios de un debido proceso y los derechos del acusado se respeten escrupulosamente».
Por su parte, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, pidió que durante el proceso «se resguarde, en todo momento, el diálogo, el entendimiento y la paz interna en este país miembro de la OEA».