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Un español de 54 años se suicidó hoy horas antes de ser desalojado de su vivienda, por impago de su hipoteca, en la sureña ciudad de Granada, en un acto desesperado en el marco de un drama que viven miles de familias acorraladas por la crisis en España.
Antes de quedarse en la calle y dejarle su vivienda al banco, éste hombre se quitó la vida. Se trata del desenlace más dramático posible ante un desahucio, situación cada vez más recurrente en España.
El hombre, identificado como Miguel Ángel Domingo, fue hallado ahorcado en el patio de la frutería de su hermano, ubicada en la esquina de la calle Zegrí Moreno y Arzobispo Guerrero del barrio granadino de Chana, por la policía local tras recibir un aviso, según informó Radio Granada. Su vivienda estaba situada en el mismo inmueble.
Una hora después del hallazgo del cadáver, una unidad policial se dirigió al mismo lugar a ejecutar una orden judicial de desahucio y al cruzar los datos, descubrieron que se trataba de la misma persona, explicaron fuentes judiciales.
En Granada hay una media diaria de cuatro desahucios, afirma el diario local Ideal y la plataforma Stop Desahucios de Granada cuenta con 70 casos pendientes de desalojo de familias.
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La última movilización en apoyo a un afectado fue el martes pasado en respaldo a Macarena, una mujer desocupada con tres hijos a la que el banco BBVA quiere desalojar por impago.
La protesta forzó una reunión entre el banco y la afectada, aunque los anteriores intentos de llegar a un acuerdo para un pago fraccionado no prosperaron y la mujer tiene fecha de desalojo el próximo 30 de octubre.
En los últimos cuatro años, se produjeron 350.000 ejecuciones hipotecarias en España, según un informe del Consejo General del Poder Judicial adelantado por el diario El País.
En el documento, los jueces denuncian sin matices la injusticia del actual procedimiento de ejecución hipotecaria español, en la línea con un informe presentado el pasado 12 de octubre por la Relatora Especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada de Naciones Unidas, Raquel Rolnik.
Los expertos aseguran que la actual situación es consecuencia de la "mala praxis" de las entidades bancarias, que extendieron créditos hipotecarios “sin valorar las posibilidades reales del deudor” y de la “comercialización irresponsable” de productos financieros.
También sostienen que los bancos gozan de un “procedimiento privilegiado” y “extremadamente agresivo” para cobrar sus deudas de forma rápida.
Un relevamiento de la ONU señala que desde 2007 hubo 400.000 ejecuciones hipotecarias, detrás de las cuales existen historias duras, las de miles de familias condenadas a la exclusión social.
“Quizás el actual procedimiento de ejecuciones y de lanzamientos sea legal en España. Pero vulnera derechos constitucionales como el derecho a la vivienda o a la tutela judicial efectiva, y es ilegal según la legislación de derechos humanos que el estado español ha ratificado”, afirma la plataforma Afectados por la Hipoteca de España.
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“Un total de 532 desahucios cada día es un genocidio”, denuncian.