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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha anunciado este martes que impulsará una reforma al sistema judicial que prohíba la elección de magistrados por parte del Congreso y la intervención de jueces en la designación de los altos funcionarios del Estado con representación política.
La decisión del mandatario colombiano se produce en momentos en que un escándalo sacude la Corte Constitucional por denuncias de que uno de sus magistrados pidió dinero para influir en un fallo.
El magistrado implicado en el escándalo se niega a renunciar, pese a que sus compañeros de tribunal le exigen que lo haga de manera inmediata e irrevocable.
Aunque en Colombia existe una separación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, el Congreso participa en la elección de magistrados de las altas cortes y estos a su vez en la designación de funcionarios como el contralor, el fiscal general y el registrador nacional.
«Hay que romper, de una vez por todas, el cordón umbilical entre la política y la justicia, que tanto daño ha hecho. Esa es tal vez la mayor falencia», ha señalado Santos en un discurso que ha sido difundido por radio y televisión.
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El mandatario ha descartado la posibilidad de convocar una asamblea constituyente para reformar la Carta Magna o revocar a los nueve miembros del tribunal sacudido por el escándalo, pero ha pedido investigar al magistrado implicado y castigarlo si es responsable de los hechos.
Santos ha añadido que aprovechará un proyecto de ley que cursa en el Congreso para impulsar las reformas al sistema judicial y propondrá que las mismas cortes elijan a sus magistrados por méritos de los candidatos postulados por el presidente de turno.
También ha planteado la creación de un tribunal de aforados que investigue y acuse directamente ante el Congreso a los magistrados que cometan faltas disciplinarias o delitos y que las mismas cortes suspendan, como medida cautelar, a sus propios miembros cuando se encuentren en una situación de «indignidad».
Santos sostuvo que es necesario impedir que los magistrados pasen de una corte a otra y prohibir que puedan votar para elegir a jueces que intervinieron en su designación.
Por último, ha anunciado que propondrá aumentar a 20 años el requisito de experiencia profesional para ser elegido magistrado y restringirá el cabildeo de abogados para tratar de influir en las decisiones de las cortes.
Fuente [Abc.es]