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La semana pasada amanecimos con la noticia de otra fuga de 35 reos, esta vez de los calabozos de la Policía de Independencia, estado Miranda. En esta cárcel se han registrado cuatro evasiones en los últimos dos años.
Hace unos días había ocurrido lo mismo en la sede del CICPC en Los Teques, donde escaparon 41 presos; A principios del 2013 supimos de 19 reos que se fugaron cuando eran trasladados a distintos penales; así como también en Polisucre varios reos aprovecharon un apagón para escapar y a su vez dejar de rehén a dos funcionarios de este cuerpo de seguridad, quienes resultaron heridos.
Estos ejemplos son más que suficiente para analizar el grave problema de derechos humanos que se vive en la mayoría de las comisarias del país, donde indudablemente, una de las causas es el hacinamiento y el retardo procesal por parte del Ministerio Público.
Los detenidos por los cuerpos de seguridad, no deberían permanecer más de 72 horas en esos calabozos. La responsabilidad es del Ministerio Penitenciario que no otorga cupos en los penales, que aun cuando la ministra Iris Varela dice que los investigados deben de permanecer en sedes policiales, la cuestión es que hay pesquisas que llevan más de tres años producto de esa lentitud procesal.
Más allá de lo antes expuesto, es una situación sociológica que ha generado en los recintos penitenciarios escalas de poder y tipos de gobiernos internos que se le salió de las manos al Estado. Es de conocimiento público que los presos manejan armas, dinero y drogas a granel. Todo esto forma parte de esa corrupción que permite esta situación.
Masacres como la de la cárcel de Sabaneta con desmembramiento de cadáveres, ofrecen al país lo más dantesco de la violencia inhumana que no sólo ha permitido, sino que en casos ha avalado este gobierno especialista en echar la culpa a los demás.
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No existen infraestructuras carcelarias para cobijar a los privados de libertad, ni voluntad para ponerle fin al paso de armas y otros elementos que le permite a esta población seguir delinquiendo.
Por otro lado, la impunidad en materia judicial es atroz. En las cárceles hay más de 50.000 reclusos hacinados, esperando por un juicio; Igualmente se estima que en la calle andan sueltos casi el triple de los privados de libertad, atracando y asesinando a diestra y siniestra.
Visto lo grave de la situación, considero se deben ampliar los centros penitenciarios existentes, modernizar la infraestructura, para que así estas personas puedan tener una rutina diaria que los saque del ocio, y convertir a los penales en unos centros de educación y capacitación.
Otra medida es clasificar a los privados de libertad según el tipo de delito cometido. También planteo la profesionalización del personal de custodia mediante una ley de carrera penitenciaria, así como crear un ente autónomo y técnico del sistema penitenciario; y lo más importante, impulsar la descentralización, que no es otra cosa, que las gobernaciones y alcaldías puedan administrar directamente los internados judiciales.
Hasta ahora no se ha visto voluntad política para la resolución de la violencia interna en las cárceles venezolanas y lo decimos basado en los motines o levantamientos ocurridos en las cárceles de Uribana, La Planta, Yare y El Rodeo.
Para finalizar quiero dejar unas preguntas para su reflexión: ¿Un gobierno que no puede controlar el tema de las cárceles, que ha sido derrotado por el hampa, por colectivos armados, pretende seguir gobernando nuestro país?¿La crisis carcelaria se ha acabado con el traslado de estos reos a otros centros penitenciarios?
Por Omar Ávila