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La Policía española bloqueó este martes los accesos al Congreso de los Diputados, en Madrid, en torno a cuya sede se ha establecido un amplio cordón de seguridad por la convocatoria de una protesta que pretende cercar la Cámara esta tarde durante su sesión plenaria.
Un gran número de efectivos del cuerpo antidisturbios fue desplegado en la zona, en pleno centro de la capital española, junto a la llamada "milla del arte" que agrupa a los principales museos de Madrid y en las inmediaciones de la emblemática Puerta del Sol.
El tráfico fue cortado en las calles adyacentes del Palacio del Congreso de los Diputados. Más de 1.300 agentes participan en el dispositivo.
Decenas de furgones de la Policía están apostados en puntos estratégicos y un doble vallado de seguridad blinda las calles cercanas de la sede parlamentaria.
La actividad en el interior de la Cámara comenzó con normalidad, y esta tarde está prevista la celebración de una sesión plenaria coincidiendo con la convocatoria "Rodea el Congreso", para las 17.30 horas (las 15.30 GMT).
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Organizaciones ciudadanas convocaron para hoy varias concentraciones y marchas en diversos lugares de Madrid, que confluirán en la Puerta del Sol, y en las emblemáticas plazas de Neptuno y Cibeles, situadas en las inmediaciones del Parlamento.
Desde estos tres puntos intentarán llegar a pie hasta la Cámara Baja para demandar "un nuevo proceso constituyente".
Los portavoces de las dos organizaciones convocantes de la protesta, la Coordinadora 25S y la plataforma ÑEn Pie!, han puntualizado que no tienen intención de ocupar el Congreso, sino "solo rodearlo y andar alrededor".
No obstante, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, advirtió de que no va se a permitir "bajo ningún concepto" que "se rodee o que se tome" el Congreso porque "sería delito".
El dispositivo de seguridad ha sido criticado por el secretario general del opositor grupo socialista, Eduardo Madina, que lo ha considerado "excesivo" como mecanismo de protección.
La Delegación del Gobierno en Madrid autorizó concentraciones, reuniones y marchas, además de una "asamblea general", que fueron convocadas por un ciudadano a título particular.
El pasado viernes el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz imputó a ocho supuestos organizadores de la protesta en torno al Congreso un delito contra las instituciones del Estado, castigado con hasta un año de prisión y por el que les ha citado a declarar el próximo 4 de octubre.
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