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55% de las pistolas y revólveres adquiridos por el Estado en 2005 fue comprado por las policías y sólo 3% fue requerido por particulares y armerías, según indica un estudio realizado por la Comisión para el Control de Armas, Municiones y Desarme. No obstante, la comisión detectó en 2011 que 55% del arsenal que estaba en Cavim fue prácticamente arrasado por personas y empresas que declararon necesitarlas para uso propio.
El número de armas compradas no lo conoció Últimas Noticias, pero según informó Pablo Fernández, secretario de la comisión presidencial, "ese crecimiento es un detonante de mucha preocupación, y por eso una de las políticas fundamentales que será tomada en cuenta en la nueva ley será el control y restricción del acceso a las armas por particulares".
Fernández explicó que "la gente cree tener derecho a comprarse un arma para sentirse más seguro", pero advirtió que "las investigaciones hechas por la comisión dicen que las muertes en Venezuela están marcadas por déficit de convivencia y no por delitos como el robo", por lo cual no tiene sentido comprar un arma para salvarse del hampa.
Fernández argumentó que, del total de homicidios ocurridos en el país en 2010, sólo 12,9% tuvo que ver con robos y 69,7% fue por ajuste de cuentas. Dijo que, en 2011, 13,4% de los crímenes estuvo relacionado con asaltos y 71,5% con venganzas entre personas.
Más arsenal, más víctimas. El secretario de la comisión adelantó que las investigaciones efectuadas durante el último año determinaron algo que lo impactó: "Cruzamos dos variables, las importaciones de armas y la tasa de muertes por armas de fuego en Venezuela, y hay una consonancia, en la medida que aumentaron las compras de armas aumentó la tasa de homicidios. Más armas en la calle, más muertes. Se frena la compra y las muertes bajan. Es un ballet que se ha generado a lo largo de los años; por eso, decimos que reducir la compra de armas es un factor directamente vinculado a la reducción de la mortalidad, no es un capricho", afirmó.
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El vocero de la comisión destacó que en 2010 se registró una compra de aproximadamente 50 millones de dólares en pistolas y revólveres y la encuesta dio que en esa fecha aumentó la tasa de homicidios.
Reveló que desde 2002 hasta 2007 la compra de armas se paralizó y comenzó una disminución en las muertes. "El Estado, en determinado momento, genera compras de armas para parques de las policías o las FAN y ahí hay un aumento, después se paraliza la compra y la curva baja.
Identificamos dos curvas grandes, una en 1997 y otra en 1998, cuando el gobierno de Rafael Caldera. Hubo una compra significativa, uno puede tener hipótesis y una puede estar vinculada a los escenarios que se estaban preparando para las elecciones. La otra está un poco más en positivo y fue que hubo una dotación de policías municipales en esa época", explicó.
Mapeo del crimen. Pablo Fernández se disculpó por no presentar algunas cifras a ÚN debido a que la plenaria de la comisión y el ministro Tareck El Aissami discutirán mañana las primeras conclusiones que sacaron los investigadores de la comisión en un año de trabajo. Uno de los logros, según dijo, es un mapeo rojo sobre la tasa de mortalidad por estados, municipios y parroquias por cada 10 mil habitantes.
El mapa tiene al estado Bolívar como alto en homicidios debido a los conflictos que genera la minería, en la zona sur, y el sindicalismo en las industrias básicas y de la construcción, en Puerto Ordaz y San Félix. En Caracas, el mapa se tiñe de rojo oscuro en Mamera, Antímano, Caricuao y El Cementerio. En Miranda, en los Valles del Tuy; y en Zulia, en el Sur del Lago. "Este recurso servirá para tomar medidas puntuales contra la criminalidad", acotó.
Sobre la marcha
Salas de evidencias. La comisión propuso que se realice un protocolo de auditoría de todas las salas de evidencias del país para cuantificar las armas y destruirlas, previa experticia técnica para el juicio.
Parques. Solicitarán otra inspección en los cuerpos policiales para conocer el arsenal que poseen y compararlo con el conteo que fue hecho el año pasado.
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Dotación. Se le pidió al Viceministerio del Servicio Integrado Policial que active una oficina o dirección de control de dotación para que sea la rectora y fiscalice las armas y municiones que reciben los organismos civiles.
Cuentas. La comisión cumplió un año el 13 de mayo pasado, realizó ocho investigaciones y hay cuatro en proceso. Tiene una prórroga de un año más para culminarlas.
Las Cifras
571.338 pistolas y revólveres han ingresado legalmente desde 1980 a 2011, según las cifras de Naciones Unidas, INE, Seniat, Cavim, Daex y MIJ.
271.607 unidades decomisadas han sido destruidas por la Dirección de Armas y Explosivos desde 2003 a 2011.
150.000 aproximadamente, son las que serán destruidas y están en las salas de evidencias de tribunales y policías.
79.522 es el total del parque policial. Las nacionales tienen 5.637, las estadales 61.122 y las municipales 12.763.