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El Gobierno provisional de Paraguay tendrá 90 días para buscar otros proveedores de petróleo que sustituyan los volúmenes que Venezuela dejará de enviarle, equivalentes a cerca del 30% de su consumo total, tras la ruptura de relaciones diplomáticas por la polémica destitución de Fernando Lugo, según se desprende del acuerdo marco del Convenio Energético de Caracas de 2004.
Este tratado efectivamente faculta al Gobierno de Venezuela para suspender los suministros de petróleo a las naciones beneficiadas mediante una simple notificación diplomática.
La única condición es que se establece un plazo de 90 días para que la suspensión de los envíos entre en vigencia, período que permitiría a los guaraníes explorar posibilidades de suministro y ajustarse a las contingencias del caso.
El diputado del Parlamento Latinoamericano y ex presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional, Ángel Rodríguez, asegura que lo abrupto de la decisión está amparado en la soberanía de Venezuela, y en "la violación al hilo constitucional del Paraguay".
El parlamentario señala que las bases de la integración a escala regional operan bajo las premisas del respeto a las leyes, las instituciones y a los derechos humanos, como principios fundamentales, y en Paraguay -a decir de Rodríguez- se violaron todos ellos tras la destitución de Fernando Lugo.
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En torno a la eventual expulsión de Paraguay del Mercosur, el diputado sostuvo que no se trata de una medida extrema, pues en esa nación se instaló un gobierno ilegítimo, que los países de la Unasur desconocen; "ese tema se tratará en la próxima reunión".