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La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, ha afirmado este viernes que el ex analista de la CIA estadounidense Edward Snowden tiene derecho a solicitar asilo y debería ser protegido por haber revelado información que atenta contra los derechos humanos.
«El caso de Snowden muestra la necesidad de proteger a las personas que revelan información que tiene implicaciones en el respeto de los derechos humanos, así como la importancia de asegurar el respeto por el derecho a la privacidad», aseguró Pillay citada en un comunicado.
La Alta Comisionada señaló que los Estados deben «asegurar» que las personas que revelen violaciones contra los derechos humanos puedan hacerlo sin temer a ser perseguidos posteriormente. «Los sistemas legales deberían asegurar que existen adecuados espacios para los individuos que revelen violaciones a los derechos humanos para expresar sus preocupaciones sin miedo a represalias», añadió.
«Hago un llamamiento a todos los Estados a que respeten el derecho internacionalmente garantizado de Snowden de buscar asilo», señaló en su comunicado la representante de Naciones Unidas.
Pillay parafraseó al ex relator especial para la promoción y protección de los derechos humanos, Martin Scheinin, quien dejó claro que revelar información secreta que es de interés público es lícito. «Información fiable sobre serias violaciones a los derechos humanos por una agencia de inteligencia es muy probable que provenga de la propia agencia. En estos casos, el interés del público en conocer el contenido de esta revelación pesa más que el desconocerlo». «Estos reveladores de información deberían estar protegidos de represalias legales y acciones disciplinarias cuando revelen información no autorizada», señaló.
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La Alta Comisionada recordó que existen varios tratados y declaraciones de Naciones Unidas que protegen a aquellos que a su vez protegen los derechos humanos.
Asimismo, Pillay dijo que si bien las preocupaciones sobre seguridad nacional pueden justificar una vigilancia específica, «vigilar sin las adecuadas salvaguardas para proteger el derecho a la privacidad corre el riesgo de impactar negativamente en el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales».
«La gente tiene que confiar en que sus comunicaciones privadas no son vigiladas por el Estado», agregó la Alta Comisionada, quien concluyó recordando que el derecho a la privacidad, el derecho al acceso a la información y la libertad de expresión están íntimamente ligadas. «La gente tiene el derecho democrático a participar en los asuntos públicos y este derecho no puede ser ejercido efectivamente sólo basándose en información autorizada», sentenció Pillay.
EFE