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Con motivo de la celebración del 65° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la coalición de organizaciones no gubernamentales que integran el Foro por la Vida denunció que “el estancamiento y retroceso de las diferentes políticas públicas en materia de derechos humanos mantienen los problemas estructurales que condenan a amplios sectores de la población a condiciones de pobreza y exclusión”.
En un comunicado divulgado ayer, el Foro por la Vida asegura que el Ejecutivo no garantiza los derechos establecidos en la Constitución y señala como los más vulnerados a los pueblos indígenas, las mujeres, las personas privadas de libertad y los defensores de derechos humanos.
“La criminalización de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil que acuden a los organismos internacionales luego de haber agotado los recursos internos y no haber logrado justicia en la jurisdicción nacional”, es otro de los señalamientos del comunicado.
También reiteraron sus denuncias sobre la criminalización de la protesta, mediante el uso desproporcionado de la fuerza pública, instrumentos normativos como la Ley Antiterrorista, y el empleo discriminatorio de la justicia penal contra los críticos del gobierno.
Destacaron que la situación es desalentadora porque persisten la falta de independencia judicial y la impunidad: “La mayoría de los jueces son suplentes, el proceso de postulación y selección no es transparente ni apegado a la normativa vigente, lo cual impide la imparcialidad de los operadores de justicia”.
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El documento concluye con la reiteración del llamado al Gobierno para diseñar y ejecutar un plan nacional de derechos humanos.
Cofavic, por su parte, recordó que aunque el 10 de septiembre entró en vigencia la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con lo cual se pierde la posibilidad de que la Corte Interamericana juzgue hechos ocurridos posteriormente, el Estado no puede desconocer sus obligación de reparar los daños sufridos por las víctimas de los casos Caracazo, Retén de Catia, desapariciones forzadas de Vargas, familia Barrios y Néstor Uzcategui. Las indemnizaciones y garantías de no repetición se deben efectuar sin más dilaciones que perjudiquen a las víctimas y sus familiares: “Esa sería una señal inequívoca de que el Estado venezolano promueve la protección de las víctimas y no es tolerante con la impunidad”.
[Fuente: el-nacional.com]