Suscríbete a nuestro canal de Telegram "LeaNoticias" para que estés al día con toda la información sobre Venezuela y España.
El Gobierno español ha decretado la obligación de que todos los mayores de seis años lleven mascarillas en espacios de uso público cerrados o abiertos, así como en la vía pública siempre que no sea posible mantener una separación de más de dos metros.
El Ministerio de Sanidad dijo que estas medidas, que se aplicarán desde el jueves, son necesarias para contener la propagación del coronavirus.
No están incluidos en la norma las “actividades que resulten incompatibles, tales como la ingesta de alimentos y bebidas”, como los bares y terrazas, así como situaciones de fuerza mayor.
El uso de mascarillas ya era preceptivo en el transporte público.
Los españoles tendrán que llevar mascarillas desde este jueves en los lugares cerrados o en la calle si no se pueden mantener dos metros de distancia, para así evitar los contactos, mientras cada vez son más frecuentes las salidas, al aliviarse el confinamiento porque la pandemia está remitiendo.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram "LeaNoticias" para que estés al día con toda la información sobre Venezuela y España.
Según los últimos datos, en España hubo 59 fallecimientos en las últimas 24 horas, y ya suman 27.709 muertes, mientras que los casos confirmados son 231.606 desde el inicio de la CIVID-19, aunque los nuevos casos disminuyen cada día.
Respecto a las sanciones, es conocido que las sanciones por no llevar mascarilla en el transporte público oscilan entre los 601 y los 30.000 euros, aunque en la inmensa mayoría de los casos se impone la cifra más baja de horquilla.
En la práctica, los agentes que imponen multas por no llevar mascarilla en el transporte público aplican el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana. En él se establece que «la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación» son infracciones graves que conllevan multas que oscilan entre los 601 y los 30.000 euros.
