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En los últimos meses han estado en el tapete los nombres de la Infanta Cristina de Borbón, hija del Exrey de España, Don Juan Carlos de Borbón y hermana del actual Monarca Don Felipe de Borbón; y María Gabriela Chávez, hija del difunto presidente bolivariano, Hugo Chávez Frías. Sus nombres han sonado en los medios de comunicación social, por estar presuntamente involucradas en actos de corrupción administrativa contra los dineros de sus respectivas naciones, quienes habrían aprovechado las influencias que tienen en el gobierno para presuntamente realizar negocios y obtener jugosos dividendos. Una es de sangre azul nacida en España y la otra plebeya nacida en Venezuela.
En España el juez José Castro imputó a la infanta Cristina por dos delitos fiscales y uno de blanqueo de capitales, también envió a juicio al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, esposo de la Infanta Cristina, por lo que en España llaman delitos contra la Hacienda. Pero la cosa no se queda en esa imputación y en ese juicio, otros encausados que se mantienen son el exsocio del duque, Diego Torres y su esposa Ana María. Sin embargo, el juez instructor absolvió al secretario de la Infanta, Carlos García Revenga por no haberlo encontrado culpable de nada.
Durante el transcurso del juicio, Juan Carlos de Borbón, que para la fecha todavía era Rey de España, nunca dijo una sola palabra para tratar de influenciar sobre el juez y obligarlo a tomar una decisión a favor de la Infanta Cristina, solo se limitaba a decir que la justicia debía cumplir con las leyes y Constitución Española. Tampoco hubo pronunciamiento por parte de su hermano, Don Felipe de Borbón, quien para la fecha era Príncipe de Asturias y mucho menos ahora que es Rey de España.
En el mismo orden de la corrupción con los dineros del estado, diarios de Argentina y Venezuela han denunciado la presunta vinculación de la hija del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez Frías, en un caso de presunto sobre precio en la importación de arroz, en combinación con el ministro de Planificación argentino, Julio De Vido, el mismo que está involucrado en el caso de los 800 mil dólares que llevó Antonini Wilson en un avión de PDVSA hasta Argentina, con el objetivo de financiar la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner. El juicio de Antonini dio como resultado varios presos en EE.UU por lavado de dinero, mientras que en Argentina y Venezuela nunca iniciaron juicio.
Los medios de comunicación afirman que el sector arrocero de Argentina conoce la existencia de una irregularidad en ciertas exportaciones a Venezuela, y dieron aviso a las más altas autoridades del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero este gobierno no ha hecho nada al respecto. Al parecer en los embarques de arroz dirigidos a Venezuela, la única beneficiada es una firma desconocida en el sector, que vende a precios muy inflados y cuyos dueños tendrían trato directo con el ministro argentino Julio De Vido, el embajador argentino en Venezuela Carlos Cheppi y hasta con María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.
Ahora bien, cuáles son los parentescos y coincidencias entre las Infantas. Mientras en España imputan a la Infanta Cristina de Borbón, hija del Exrey, Don Juan Carlos de Borbón y hermana del actual Rey, Don Felipe de Borbón; en Venezuela la Fiscal General de la Republica, Luisa Ortega Díaz, no solo tira los periódicos que publicaron la información a la papelera, sino que cuando le hablan del arroz importado desde Argentina, se pone a contar las estrellas que hay en el cielo.
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O sea, ¿impunidad y complicidad?. No lo podemos afirmar, lo cierto es que en Venezuela no hay ninguna investigación abierta.
Por Gerónimo Figueroa Figuera