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El conservador Alejandro Giammattei ganó este domingo la presidencia de Guatemala tras una campaña marcada por promesas de combatir la pobreza y la violencia que disparan la migración irregular, principalmente a Estados Unidos.
Con 97,80% de las mesas escrutadas, Giammattei, de 63 años, tenía 58,41% de los votos frente a 41,6% de la exprimera dama socialdemócrata Sandra Torres, según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que calificó los resultados como «irreversibles».
Previo al anuncio del tribunal electoral, Giammattei se adjudicó la victoria y prometió que no será un «presidente alejado de la gente».
«El objetivo se cumplió. Hoy, de veras con un nudo en la garganta, 12 años después, vengo a decirles (que) (…) va ser un inmenso honor ser el presidente del país», afirmó en un mensaje a periodistas. Giammattei, de 63 años, había intentado alcanzar la presidencia en tres ocasiones anteriores.
El partido de Torres reconoció «el triunfo» de Gimmattei y le auguró «éxitos» y el presidente saliente Jimmy Morales, a quien relevará en enero, lo felicitó y le prometió emprender un proceso de transición «transparente y ordenado».
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Médico y afectado desde 40 años por la esclerosis múltiple que lo obliga a andar en muletas, es un ferviente de la mano dura contra la delincuencia y es partidario de reinstaurar la pena de muerte.
En 2010 pasó 10 meses en la cárcel acusado de la ejecución de siete reos en una prisión en 2006, cuando era director del sistema penitenciario, pero quedó en libertad porque no se pudo comprobar su participación en el caso.
– Baja participación –
Los centros de votación mostraron una escasa asistencia en la jornada calificada como «normal», por el expresidente costarricense, Luis Guillermo Solís, jefe de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos.
Según los datos preliminares del TSE, el abstencionismo podría superar el 55%.
La violencia, la corrupción y la pobreza fueron los ejes de la campaña de ambos candidatos.
La pobreza afecta al 59% de los 17,7 millones de guatemaltecos y la violencia deja unos 4.500 muertos anualmente, siendo los principales factores que motivan la migración.
Ambos políticos evitaron profundizar sobre el acuerdo firmado a fines de julio por el gobierno con Estados Unidos para convertir a Guatemala en «tercer país seguro», lo que implica recibir a migrantes que tenían el objetivo de pedir asilo en el país norteamericano.
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Este acuerdo sacudió la recta final de la campaña y generó múltiples críticas y acciones legales, principalmente basadas en el elevado índice de pobreza y la falta de infraestructura.
– Remesas un motor –
Aunque ambos candidatos buscan frenar el éxodo a Estados Unidos, un motor fundamental de la economía guatemalteca son las remesas de sus migrantes, que el año pasado alcanzaron casi 9.300 millones de dólares, cifra cercana al total de las exportaciones.
Cerca de 1,5 millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos, de los cuales solo entre 300.000 y 400.000 tienen residencia legal, según datos oficiales.
Cerca de 1,5 millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos, de los cuales solo entre 300.000 y 400.000 tienen residencia legal, según datos oficiales.
Miles se aventuran a cruzar México para llegar a Estados Unidos alegando huir de la pobreza y la violencia, problemas comunes en el norte centroamericano donde operan las temidas pandillas y grupos del narcotráfico.
El Triángulo Norte de Centroamérica -integrado por El Salvador, Guatemala y Honduras- es la región sin conflicto armado más violenta del mundo, según la ONU, y en el último año generó multitudinarias caravanas migratorias hacia Estados Unidos.
– Tambaleante lucha anticorrupción –
En 2015 los guatemaltecos vieron una esperanza de atacar la corrupción tras el arresto del presidente Otto Pérez por casos impulsados por la fiscalía local y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU.
Pero esas esperanzas se ven menguadas con el fin de las funciones de la Cicig en septiembre, ya que Morales desistió de ampliar su misión hasta 2021 luego de que el ente internacional y la fiscalía solicitaran investigarlo por el financiamiento ilegal de su campaña.
Ambos aspirantes a la presidencia descartaron la continuidad de la Cicig, que funcionaba desde 2007, y proponen crear fiscalías especiales con apoyo internacional.
Pero analistas y opositores dicen que esas promesas son vagas y dudan de sus compromisos contra la corrupción, dado que los dos candidatos fueron cuestionados y acusados por la Cicig.
