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La Marcha del Silencio en Buenos Aires fue, en realidad, un estentóreo grito de indignación que exige justicia y que puede significar un punto de quiebre en la política argentina. Más de 400 mil personas marcharon esta semana por las calles de la capital, a pesar del fuerte viento y de la lluvia, ante todo para dejar sentado que rechazan cualquier pretensión de impunidad o de intromisión en la autonomía política en la administración de justicia.
El mensaje va directo a gobierno de Cristina Fernández y a ella misma, involucrada hasta el tuétano en este caso tan emblemático como sórdido y sublevante. Efectivamente, la muerte del fiscal, que los oficialistas calificaron primero como un suicidio, pero que pesquisas posteriores apuntan a que podría tratarse de un homicidio, se produjo cuatro días después de que el fiscal Alberto Nisman denunciara a la presidenta como implicada en un complot para liberar de responsabilidad a un grupo de iraníes que en 1994 perpetraron el más grave atentado antisemita en la historia argentina, contra una mutual judía, que dejó 85 muertos.
Se trataría de un pacto de la Casa Rosada con el Gobierno Iraní para conseguir beneficios comerciales para Argentina a cambio de encubrir a los terroristas iraníes, lo que significaría supeditar la justicia a intereses coyunturales, algo que agrede frontalmente el principio y el derecho fundamental a la justicia.
Tal sería la tesis de la acusación de Nisman, que definitivamente produjo escozor y más que eso en la cúpula kirchnerista, que se niega a aceptar que sus graves yerros políticos sean expuestos de tal modo ante la opinión pública y, peor aún, que se les impute penalmente por ello.
“Todos somos Nisman” , “No a la impunidad”, “Verdad y justicia”, rezaban varios carteles en la marcha que fue convocada por cinco fiscales, como homenaje a su valiente colega muerto, pero cuya asistencia desbordó cualquier cálculo preliminar. Es que, a pesar de la grita oficialista que calificaba a la marcha como una maniobra de aprovechamiento político, la mayoría de ciudadanos argentinos entiende que es mucho más que el esclarecimiento de un crimen lo que está en juego.
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A ocho meses de las elecciones generales de octubre, la sociedad está polarizada entre quienes prestan oídos, por facilismo o interés particular, al populismo de la propaganda oficialista; y los cada vez más numerosos ciudadanos que despiertan de un letargo que dura mucho a una dura realidad. La indignación crece ante la ineficiencia de un gobierno que no solo exhibe un manejo desastroso de la economía, con una inflación desbordada, un tipo de cambio controlado que alimenta un mercado negro descomunal y un incremento de la pobreza, sino que también permite grados indecibles de corrupción que involucran a altos funcionarios.
Encima de eso, el talante autoritario del Gobierno se pone en evidencia cada vez más, con ataques permanentes a la prensa independiente (como el grupo Clarín) , a la que acusa de todos sus males sin hacer ninguna autocrítica; y ahora mismo todos sospechan que se está tramando algo para cubrir con un velo de dilación e impunidad la muerte de Nisman.
Como podemos ver, la democracia argentina está sumamente debilitada por el gobierno kirchnerista, que ya no cuenta con el apoyo financiero del régimen chavista venezolano para seguir emulando sus políticas estatistas, empobrecedoras y autoritarias. Ante un gobierno de ese tipo solo cabe la indignación y la resistencia pacífica, como ahora han hecho los fiscales argentinos, para exigir que se respete la autonomía de poderes y se administre justicia sin interferencias de ningún tipo.
Nuestra solidaridad con el pueblo argentino y nuestra exigencia para que se esclarezca este caso tan oprobioso.
Finalmente, una reflexión final para los peruanos: En el estado democrático, los fiscales y los jueces, son pilares fundamentales de la administración de justicia. Por ello, así como les exigimos probidad e imparcialidad y denunciamos cualquier maniobra de corrupción, necesitan todas las garantías para poder desempeñar su labor en condiciones de libertad y sin presiones externas, mucho menos del poder político. Mayor razón para retomar los proyectos de reforma judicial que, por desidia política, siguen encarpetados en el Congreso entretenido en cosas banales.
Fuente [Espacio360.com]