Los arqueólogos chilenos denunciaron la »impunidad» por las destrucciones ocasionadas por el Rally Dakar

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El Colegio de Arqueólogos de Chile denunció «impunidad» por la destrucción de enclaves arqueológicos en el país austral causados por el Rally Dakar entre 2009 y 2012.

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En un comunicado los arqueólogos señalan que la compañía organizadora, ‘Amaury Sport Organisation’, ha sido eximida de sus actos «ilícitos» por parte de las autoridades y critican que en las ediciones de 2011 y 2012 se eliminaron las medidas de compensación.

Este gremio indica que la falta de castigo por parte del gobierno se debe a que el Rally es «una actividad auspiciada por un organismo del Estado, el Instituto Nacional del Deporte (IND)».

«El Rally Dakar está destruyendo algo más que patrimonio ambiental o arqueológico. Está poniendo en jaque a todo un sistema de protección político/jurídico», aseguró Paola González, vicepresidenta del Colegio de Arqueólogos.

Añadió González que les parece «incomprensible» que el Gobierno chileno «permanezca inactivo» frente a la destrucción de su patrimonio.

«¿Por qué se permite que una empresa extranjera vulnere nuestra institucionalidad penal y ambiental?», se pregunta.

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Los arqueólogos chilenos apuntan que también acudieron al poder judicial y que, a pesar de la existencia de documentos oficiales que «acreditan la destrucción y daños graves a sitios arqueológicos», las acciones legales contra la carrera fueron desestimadas «sistemáticamente».

Según el comunicado, en 2009 se produjeron daños graves en seis sitios, emplazados en las regiones de Atacama y Coquimbo, en el desierto chileno, mientras que en la edición 2010 se dañaron 52 enclaves arqueológicos.

Los arqueólogos aseguran también la presencia de daños en 126 sitios patrimoniales el año pasado y que, tras varias evaluaciones, consideran que el Rally Dakar es «una actividad altamente dañina para el patrimonio arqueológico e histórico del país». No hay informes de la carrera de 2012.

Por último, el gremio hace un llamamiento al poder legislativo para que proteja el «patrimonio cultural chileno» y actúe «con sentido de Estado», después de la decepción producida por el judicial y ejecutivo.

[Fuente]

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