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Una informe del diario Clarín de Argentina explicó detalles del mayor escándalo de corrupción en América Latina y que tiene su epicentro en el país continente, Brasil. El caso Lava Jato le costó este jueves 21 de marzo cárcel para el expresidente brasileño Michel Temer.
El epicentro del terremoto político que castiga a América Latina desde hace años se localizó en un inicio en una estación de autoservicios en Brasilia, a unos pocos kilómetros del Palacio de Planalto y la sede del Congreso en Brasil.
En esa estación de servicio que incluía un lavadero de autos («Lava Jato», en portugués), los investigadores de la Policía Federal brasileña descubrieron una red de lavado de dinero que parecía implicar a diversos políticos. Pero la verdadera dimensión de la operación, que en 2018 cumplió cuatro años (comenzó el 17 de marzo de 2014), fue saliendo a la luz sólo paulatinamente en los meses posteriores.
El caso «Lava Jato» es considerado hoy como la mayor operación anticorrupción en la historia de Brasil y ha cambiado profundamente al gigante sudamericano, hasta hace unos años una de las potencias emergentes globales.
La operación, que empezó investigando una trama corrupta en la petrolera estatal brasileña Petrobras, salpica además a varios de países de la región, donde amenaza con tumbar a gobiernos como el de Perú.
En Brasil, el escándalo sigue sacudiendo los cimientos de las élites políticas y económicas de un país en crisis permanente. El «Lava Jato» hizo «un retrato de una corrupción que tiene raíces profundas en nuestra historia», explicaba el año pasado Deltan Dallagnol, uno de los fiscales a cargo.
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Entre los Implicados figuran poderosos empresarios como el ex CEO de la constructora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, o el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el acusado más famoso, hoy preso en Curitiba.
Lula, un ícono de la izquierda por el éxito de sus dos mandatos entre 2003 y 2010, fue condenado recientemente en segunda instancia a más de 12 años de prisión por haberse dejado sobornar, según consideraron los jueces.
También están siendo investigados el actual presidente, el conservador Michel Temer, y decenas de diputados, ex gobernadores y funcionarios. En el caso de Temer, el Congreso impidió en 2017 en dos ocasiones la apertura de juicios al negarse a levantarle la inmunidad.
Según las investigaciones, el esquema corrupto funcionaba sobre todo en torno a Petrobras, situada en el centro del «boom» económico brasileño de la década pasada por los altos precios del petróleo. Numerosas empresas privadas sobornaban sistemáticamente a funcionarios y políticos para asegurarse contratos con el gigante estatal.
Ese modus operandi, descubrieron luego los investigadores, se extendía a otros sectores como los de la construcción o la alimentación, donde el empresariado brasileño expandía sus negocios en gran parte gracias al contubernio con la clase política.
Fin de la impunidad en Brasil
El «Lava Jato» ha generado un enorme descontento entre la población, abriendo espacios a candidatos polémicos como el «antisistema» Jair Bolsonaro, un populista de ultraderecha que aboga por una política de mano dura con el crimen organizado, en detrimento de los derechos humanos.
Lula es favorito en las encuestas, pero está tras la rejas y la autoridad electoral debe decidir este mes si acepta su candidatura, cita Clarín.
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«La aplicación del derecho penal en Brasil está en transformación», cree Bruno Brandao, representante de la organización Transparencia Internacional en el país. «La Justicia brasileña había sido históricamente incapaz de llegar a las élites económica y política y siempre garantizó la impunidad casi absoluta para la corrupción y otros delitos de cuello blanco», dijo Brandao a la agencia alemana DPA.
Otros confían en que el descrédito de los políticos tradicionales lleve al poder a alguien «limpio» como el ex juez del Tribunal Supremo Joaquim Barbosa, un azote de la corrupción en la década pasada y mencionado a menudo como candidato, o la ex ministra Marina Silva, una elogiada activista ambiental que se distanció temprano de Lula.
El terremoto político por «Lava Jato» en la región está vinculado conel caso Odebrecht, que reconoció haber pagado más de 788 millones de dólares en diez países latinoamericanos desde 2001.
El país más afectado es hasta ahora Perú, donde un ex presidente, Ollanta Humala (2011-2016), está encarcelado a la espera de juicio y otro, Alejandro Toledo (2001-2006), está prófugo de la Justicia. Y otro mandatario Pedro Pablo Kuczynski tuvo que dimitir.
En Argentina, la Justicia investiga el pago de sobornos que llegaron presuntamente a altos funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015).
En México, donde Odebrecht admitió haber pagado sobornos por 10,5 millones de dólares entre 2010 y 2014, se critica que nadie haya caído todavía por el caso. El ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya, señalado directamente en la causa en Brasil, niega las acusaciones. El único efecto del escándalo ha sido hasta ahora la inhabilitación de una filial de Odebrecht por seis años.
Revisando este contexto regional es curioso que el escándalo de Odebrecht todavía no suelte sus historias en Venezuela.
