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El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela) emitió 132 alertas (casos reportados), que sumaron un total de 173 violaciones contra la libertad de prensa en el país, entre enero y septiembre de 2012. La cifra supera el total de casos reportados durante el año 2011, cuando se emitieron 94 alertas. El incremento en las violaciones a este derecho ha coincidido con el período previo a la elección presidencial, que se celebrará el próximo 7 de octubre.
Estas cifras demuestran un aumento de 99% del riesgo en el que los periodistas, trabajadores de medios, activistas de derechos humanos, y los ciudadanos en general ejercen su derecho a la libre expresión en contextos electorales, al comprarse con los 68 casos contabilizados en 2006, año en el que se celebró la anterior elección presidencial en el país. Sin embargo, hay que destacar que hasta la fecha ha habido una reducción de 21% en el número de incidentes respecto a 2010, año que sumó 167 casos en el marco de las elecciones parlamentarias.
Responsabilidad estatal
De enero a septiembre de 2012, se observó que las agresiones físicas (109); las limitaciones al acceso a la información pública (24); y el uso abusivo del poder estatal (16), acumulan el mayor porcentaje de violaciones que impiden el pleno cumplimiento, garantía y protección a la libertad de expresión y el derecho a la información en Venezuela, por parte del Estado venezolano. Durante este período, además, se pudo evidenciar que seis (6) de cada diez (10) agresiones fueron perpetradas por actores estatales, acumulando así 58% de los casos registrados.
En los incidentes ocurridos en lo que va de año hubo un promedio de más de un victimario (141 en total). Se identificaron 29 situaciones atribuidas a desconocidos (generalmente, responde victimarios clandestinos y/o cuya identidad queda en el anonimato); 23 fueron promovidas por cuerpos de seguridad del Estado; en 18 estuvieron comprometidos simpatizantes del oficialismo; 13 fueron desarrolladas por órganos o representantes del poder judicial; y en 13 estuvieron involucrados funcionarios de ministerios e instituciones dependientes del poder Ejecutivo. Igualmente, 18 situaciones fueron ejecutadas por “Otros”, categoría que comprendió a dirigentes sindicales, damnificados, privados de libertad, directivos de clubes deportivos, reporteros y autoridades de centros de salud pública.
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Mayor hostilidad en Distrito Capital y Barinas
Continúa la radicalización de las limitaciones a la libertad de prensa en el Distrito Capital y el estado Barinas, entidades que acumulan 57% de los incidentes reportados. En el área Metropolitana se contabilizaron 41 casos, mientras que en Barinas se reportaron 34. Según el monitoreo permanente realizado por Ipys Venezuela, esta tendencia viene en incremento en los últimos cuatro años. Seguidamente, se ubican Carabobo, Aragua y Zulia, entidades que registraron 9 casos cada una.
En el transcurso de los primeros nueve meses de este año, se ha mantenido un promedio mensual de 14 incidentes, lo que se traduce en un alerta cada dos días. Los meses en los que se presentaron el mayor número de violaciones a la libertad de fueron febrero (19), marzo (20), mayo (21), agosto (16), y septiembre (16). En estos dos últimos, la mayoría de los reportes han estado vinculados a las limitaciones por la cobertura electoral que han desarrollado, especialmente, los medios privados, los cuales han concentrados 89% de las violaciones.
Asimismo, preocupa la hostilidad en la que los trabajadores de medios realizan su labor en la calle, convirtiéndose en los actores más vulnerables a las agresiones contra la libertad de expresión. Hubo 191 víctimas, de las cuales 82% fue reporteros, reporteros gráficos, camarógrafos y asistentes. Es de destacar que por cada alerta, puede haber uno o más afectados.
Garantías necesarias
Al aproximarse las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 7 de octubre, Ipys Venezuela exhorta a las instituciones del Estado venezolano a respetar y velar por el cumplimiento de las garantías necesarias para que los trabajadores de los medios ejercer su derecho a la labor informativa, en sintonía con las disposiciones normativas nacionales e internacionales.
[Fuente: Instituto Prensa y Sociedad]