¡Insólito! En Colombia hacen catálogos de niñas vírgenes para subastarlas

Una investigación de la Corporación Centro de Consultoría y Conflicto Urbano, C3, confirmó un rumor que viene circulando en las organizaciones que trabajan por el bienestar de la mujer y entidades estatales: en Medellín se presentan subastas de adolescentes vírgenes entre los 12 y 14 años.

En el estudio de campo, realizado durante ocho meses por un equipo interdisciplinario de la Corporación, compuesto por un sociólogo, un antropólogo, un trabajador social, una creativa y un pedagogo popular, se estableció que las menores son detectadas en los barrios de la periferia de la ciudad por delincuentes y jefes de combos, quienes contactan las familias, las amenazan e, incluso, cuidan de esas pequeñas para que nadie las toque, hasta el momento en que las subastan a turistas o a cabecillas de organizaciones delictivas.

Luis Guillermo Pardo, director de C3, dijo que lo más preocupante de este fenómeno es que algunas niñas son sometidas a estos vejámenes con el consentimiento de los padres y familias, por amenazas o dinero.

Dijo que este delito fue focalizado, en especial en las comunas 10, Centro; 4, Aranjuez; 8, Villahermosa; 9, Buenos Aires, y 13, San Javier.

«Cuando hay eventos internacionales como la Feria de las Flores, es una locura y se hacen catálogos ofreciendo a las pequeñas. Es una vergüenza. Muestran la virginidad, el cuerpo de las niñas, como fuente de ingresos», denunció el dirigente.

Se encontraron en el estudio catálogos hechos con entre 50 y 60 niñas. A quienes se los ofrecen es a los turistas que vienen en busca de sexo a Medellín y a jefes de las bandas criminales.

Lo inverosímil de este fenómeno, opinó, es que los delincuentes dedicados a este tráfico pagan vacuna a otros antisociales para que los dejen repartir los catálogos y no los molesten en su labor ilícita.

Es triste, dijo, que estas niñas que son objeto de este abuso sexual, luego se entregan a otros delincuentes que les ofrecen protección y terminan en la prostitución.

Dijo que también observaron en este estudio que, en muchos casos, a estas niñas las someten a toda clase de atropellos. Las obligan a tomar bebidas embriagantes como whiski y las drogan, en especial con cocaína, para aumentarles su resistencia. «Hacen con ellas bacanales y las pequeñas terminan de mano en mano», concluyó Pardo.

Clara Mazo López, directora de la Corporación Vamos Mujer de Medellín, dijo que cada año hacen un informe de Derechos Humanos en Medellín y desde el año pasado vienen reportando este fenómeno, porque en esta ciudad se promueve un turismo sexual con la venta de niñas vírgenes que se ha ido propagando.

Enfatizó Mazo que las autoridades deberían intervenir cuanto antes y no hacerse «las de los oídos sordos», porque son problemáticas de sociedad. Este fenómeno se está dando en casi toda la ciudad, aunque en el Centro se visibiliza más. Pero por donde uno vive se evidencia la problemática con la aparición de apartamentos y locales que son alquilados como alojamientos a extranjeros o a personas pudientes en los cuales pueden tener relaciones con niñas y adolescentes sin que pueda intervenir la autoridad.

Alertó que esta práctica no es solo con niñas de la calle o de barrios muy pobres, sino que lo están haciendo con pequeñas de hogares bien constituidos sacadas de establecimientos educativos.

Familias necesitadas
Un antropólogo que participó en la investigación, pero pidió el anonimato, indicó que detectaron el problema en barrios muy marginales de la ciudad con niñas muy bonitas, integrantes de familias con toda clase de problemas, situación que aprovechan los cabecillas de bandas.

«Los acercamientos los hacen los jefes de combos o cabecillas de la cuadra. Se encargan de ayudar económicamente a los hogares de las menores a pagar arriendo, servicios y mercado, pero acuerdan que esa niña no la puede tocar nadie hasta tanto les lleguen clientes que dan buen dinero por ellas.

A través de contactos en sitios donde llega el turismo pasan el catálogo con un número pequeño de niñas para evitar ser descubiertos por las autoridades u organismos defensores de Derechos Humanos.

«Estas subastas, siguió relatando el profesional, también las hacen por las redes sociales, por medio de un pin. Entonces las ofrecen a un grupo cerrado de oferentes en el exterior, el cual, por medio de ese pin ingresa a la subasta».

Lo que ocurre por lo general con estas niñas es que después de que pierden su virginidad, las obligan a prostituirse por medio del llamado sistema prepago. En cuanto a la estructura de la red, manifestó que es un pulpo.

La cabeza de la estructura, además de contactar familias necesitadas, también extiende sus tentáculos con cómplices en colegios, barrios e, incluso, en universidades.

«Yo conozco a una persona que te puede ayudar a salir adelante, para que trabajes y colabores en tu casa, les dicen para convencerlas y luego se las entregan a estos capos», dijo finalmente el antropólogo.

El personero delegado para Derechos Humanos de Medellín, Jesús Sánchez, confirmó que el año pasado conocieron un caso que ya fue denunciado en una sesión del Concejo de la ciudad y «fue el de una madre que acudió a nosotros para pedirnos protección para sacar a su hija del barrio, porque el grupo armado que hace presencia en el sector le ordenó, bajo amenazas, entregarle a la pequeña, de 13 años, durante un fin de semana para someterla a estas redes.

La misma madre, continuó el relato Sánchez, con mucho temor solicitó que todo el trámite de la declaración se hiciera con mucha prudencia, por el miedo que tenía, porque la amenaza era de tomar retaliaciones contra ella y el resto de allegados.

«Toda esa familia tuvo que salir de la ciudad en condición de desplazamiento y el motivo fue proteger a la niña», dijo el funcionario de la Personería.

«El llamado, alertó, no se le puede hacer solo a la ciudadanía para que denuncie, la Policía, las autoridades competentes también tienen que activar los mecanismos para identificar este delito, el cual, con el título de «Subasta de Vírgenes, quedó incluido en el capítulo dedicado a niños, niñas y adolescentes en el informe sobre Derechos Humanos de 2012, que realizó la entidad.

A los padres de familia que pueden estar afectados por este fenómeno delincuencial Sánchez les recomendó que pueden contactarse con la Personería, que guardará toda la reserva y, en últimas, la entidad que hará la denuncia a las autoridades competentes será el Ministerio Público en cabeza del Personero de la ciudad o del Personero Delegado para los Derechos Humanos.

Un profesor universitario que recientemente realizó un estudio sobre abuso sexual infantil para la Alcaldía de Medellín y quien pidió reserva de su nombre, le dijo a este medio que en desarrollo del trabajo le llamó la atención una historia que le contó la rectora de un colegio público de la ciudad en torno a una adolescente de 15 años que había cambiado en un año tres veces de colegio.

Le hicieron un seguimiento para comprobar si tenía problemas familiares, dificultades en el vecindario o con los compañeros. Las directivas de ese establecimiento se llevaron tremenda sorpresa cuando se enteraron que era la reclutadora de una red de trata de personas. «Esa modalidad de las bandas de ir de colegio en colegio no es solo para el microtráfico y para reclutar muchachos, sino que también se está presentando para buscar a niñas bonitas para entregárselas, bajo engaños y promesas, a estas redes de prostitución», dijo el educador.

Luz Aida Rendón subsecretaria de Asistencia Social de la Secretaría de Inclusión Social de Medellín, informó que la institución cuenta con un programa que se llama Crecer con Dignidad, para lo cual dispone de 13 móviles especializados en problemáticas de niños y uno de ellos es para conocer el tema de la explotación y comercio sexual infantil el cual, con un grupo de profesionales, recorre toda la ciudad.

En el Centro, dijo, hemos identificado 374 menores, la gran mayoría niñas, de 12 a 17 años, que son explotados sexualmente.

En cuanto a la comercialización de niñas vírgenes, puntualizó que solo han escuchado rumores callejeros, que se están investigando.

Consultada la directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Adriana González, sobre estas denuncias, respondió que era la primera vez que oía hablar de este fenómeno, por lo que llamó la atención de las entidades que han realizado estas investigaciones para que las hagan conocer del Instituto con el fin de activar, con la colaboración de la Fiscalía, la red de protección con que cuentan, para hacerle frente a este delito.

[Fuente: elcolombiano.com]