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Ante las declaraciones ofrecidas por el Ministro de Interior y Justicia, la Mesa de la Unidad Democrática expresa a la opinión pública lo siguiente:
El País tiene derecho a exigir una investigación seria, información concreta y confiable, y las personas tienen derecho a un juicio justo.
Las responsabilidades penales son personales y las garantías constitucionales deben tener vigencia efectiva.
El país, que ha visto con asombro la liviandad con que el poder ha querido despachar los escandalosos señalamientos del magistrado Aponte Aponte, necesita estar seguro que no se trata de una operación propagandística para tapar un escándalo con otro.
El Ejecutivo debería ser el primer interesado en una investigación libre de toda sospecha. No sabemos si será capaz. Mientras que su credibilidad se hundirá más si se trata de un montaje.
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[Fuente: Prensa Unidad Venezuela]