Gobierno cubano apretará el puño para «combatir la corrupción»

Los casos de corrupción e ilegalidades en áreas como la distribución de combustible, los negocios con capital extranjero o la aplicación de la justicia preocupan al Gobierno cubano que intensificará sus acciones para combatir estas irregularidades, informaron hoy medio oficiales.

Esos temas se analizaron en una reunión del Consejo de Ministros celebrada el pasado viernes y de la que se informó este lunes, donde el presidente Raúl Castro resaltó que «la gran batalla» que libra hoy el país es contra «las limitaciones y deficiencias» propias en todos los sectores.

«Los errores, generalmente conducen a pérdidas millonarias a la economía», indicó y llamó a evitar «el derroche de recursos», pues el ahorro constituye la principal fuente de ingresos que tiene la economía de la isla. Informó News-republic.com

En esa reunión se analizaron casos de ilegalidades en diversos sectores como el área de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, donde el titular de esta cartera Rodrigo Malmierca presentó un informe sobre irregularidades detectadas en el funcionamiento de negocios con capital extranjero y contratos internacionales, que afectan la economía del país.

Entre las principales causas y condiciones que han propiciado esos hechos citó el «poco rigor, control y exigencia» a lo largo del negocio, así como la «conducta y actitud» de directivos y funcionarios implicados, ya sea «por desconocimiento, incapacidad o violaciones éticas».

El Gobierno cubano también admite irregularidades y delitos en la comercialización de combustibles, donde las principales sustracciones se producen en refinerías, bases de transporte y gasolineras, por «deficiente control» sobre los carburantes y la carencia de instrumentos de medición o a la utilización de estos sin la certificación requerida.

Según el ministro de Economía, Adel Yzquierdo, «la alta demanda» y «las ganancias» que genera este tráfico ilegal provoca «el asedio permanente» a los empleados del sector por parte de personas que «venden el combustible hasta en un 60 por ciento por debajo de los precios oficiales».

Para combatir esa situación se prevén medidas como la capitalización tecnológica de los sistemas de recepción, almacenaje y distribución de combustible, la verificación de los sistemas de medición, el uso de «GPS» y la evaluación de una propuesta para la venta de combustible a los trabajadores particulares, sin incrementar las tarifas de transporte para la población.

En el área de justicia fue considerado un «asunto vital» el perfeccionamiento del «Sistema Contravencional» para «rescatar el orden en la sociedad».

La ministra de Justicia, María Esther Reus, refirió que la política diseñada propone reunir en una sola norma general con «rango de ley» las conductas que constituyen contravenciones y las medidas a imponer con un único procedimiento para su aplicación.

Reus subrayó que esta actividad se rige en la actualidad por más de 80 normas jurídicas, lo cual supone «una gran dispersión legislativa», y en algunos casos «con duplicidad» de regulaciones sobre un mismo tema y «contradicciones» entre ellas.

Señaló que existen 30 cuerpos de inspección, con más de 15.000 inspectores, algunos de los cuales no cuentan con la preparación y profesionalidad requeridas, lo que a su juicio ha facilitado que ocurran «reiterados casos de corrupción».

También consideró «escasa» la aplicación y ejecución de medidas «más ejemplarizantes».

Durante el encuentro gubernamental también se informó sobre el desarrollo de los proyectos para crear mercados mayoristas agropecuarios.

El vicepresidente Marino Murillo, jefe de la Comisión para la Implementación y Desarrollo de las reformas económicas puestas en marcha por el Gobierno explicó que esos mercados mayoristas funcionarán bajo dos modalidades: administrados por el Estado y gestionados por cooperativas agropecuarias.