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Le quitaron los motores, chip de gasolina y cauchos a los vehículos. También dejaron oficinas sin papelería para imprimir nóminas de pago. Jefes de oficinas bloquearon códigos de accesos a los sistemas financieros gubernamentales.
La gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, denunció que la recibió una administración desvalijada en la entidad, por lo que ordenó la revisión de las facturas de compra de hace tres meses para que fueran cotejadas co inventarios. Indicó que los atentados cometidos en contra de los bienes y recursos del ejecutivo regional serán denunciados ante la policía científica.
“A todos los vehículos del parque automotor de la Gobernación del Táchira les fueron hurtados los chip (código de barras asignado por Pdvsa para adquirir combustible) y eso es un delito. Si a usted como ciudadano le parten el vidrio del carro y le quitan el chip, va preso. Esos chips serán denunciados esta semana porque no vamos a permitir que se usen para actividades ilícitas o la comercialización del combustible”, dijo Gómez.
Agregó que en el caso de vehículos nuevos, con tres años de uso, les quitaron el motor.
“Si las facturas y los inventarios no se corresponden con la realidad tangible y las actas de entrega, he dado la orden de que se presenten las solicitudes ante el Cicpc para que se haga la investigación penal”, acotó la gobernadora.
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Añadió que funcionarios de la administración de Vielma Mora bloquearon los códigos de acceso a los estados financieros.
Los propósitos
Gómez dijo que en el Consejo Federal de gobierno, al que fue convocada este lunes, presentará proyectos solicitados por el Fondo de Compensación Interterritorial destinados a la recuperación inmediata de nueve pabellones del Hospital Central de San Cristóbal, así como la reactivación de la Unidad de Radioterapia y la cotización para la reparación del tomógrafo de ese mismo centro asistencial.
Se conoció que el gobierno regional habría dejado una deuda por 75.000 dólares a la empresa Siemes por concepto de reparación del acelerador lineal utilizado en tratamientos oncológicos.
En obras solicitadas por la ministra de Salud, Eugenia Sader, durante la intervención del Hospital Central de San Cristóbal, el último año y medio de la administración de César Pérez Vivas, estas fueron ejecutadas solo en un 80% pese a haber sido canceladas en su totalidad.
También presentará la solicitud inmediata de 75 millardos de bolívares requeridos para cumplir con los pasivos laborales de los trabajadores del ejecutivo regional, que dejó como deuda el gobierno de Vielma Mora.
Acotó que ese dinero está a disposición de la Oficina Nacional de Presupuesto por concepto del situado constitucional.
“Vamos a determinar la condición laboral de muchas personas que están en nómina y desde el 15 de octubre no aparecen en las oficinas. No vamos a estar pagando a quienes anden en la calle atentando y violentando al pueblo. Estamos desarrollando una investigación sobre cuál era la funcionalidad de algunas personas que solo aparecían en motos para generar acciones temerarias”, destacó Gómez.
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Adelantó que solicitará la devolución de los entes que fueron traspasados a la administración central, entre ellos PoliTáchira, Corpotachira, la proveeduría Cobiserta, entre otros.
