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La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA) pidió este martes que los países de América Latina emprendan mayores esfuerzos por combatir la homofobia y por reconocer los derechos de los homosexuales.
Según ILGA, Argentina es el único país latinoamericano que permite el matrimonio homosexual; Brasil y Colombia reconocen las parejas del mismo género; Ecuador, Uruguay y la Guayana francesa otorgan menor rango a las uniones del mismo sexo, y el resto de países del continente no cuentan con legislación al respecto.
Esta es la radiografía de la situación de la homosexualidad en América Latina retratada en el "Informe sobre Homofobia Patrocinada por el Estado" difundido hoy por ILGA, que vela por los derechos de esta comunidad en el mundo.
Los autores del informe señalan que la mayoría de los países latinoamericanos han ratificado tratados internacionales que establecen el principio de igualdad y no discriminación entre las personas sin tener en cuenta su origen, etnia, o identidad sexual.
No obstante, lamentan el lento avance del reconocimiento de los mismos derechos otorgados a los heterosexuales a los homosexuales, y denuncian que "no se haya hecho lo suficiente para parar la violencia" contra la comunidad homosexual.
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Con respecto al reconocimiento de los derechos, el informe señala que ante la pasividad e inacción de los gobiernos y los parlamentos, ha sido el poder judicial el que este año ha defendido los derechos de los homosexuales.
Esto ha ocurrido en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció el derecho de la lesbiana chilena Karen Atala a mantener la custodia de su hija a pesar de vivir con su pareja también mujer.
Por su parte, la Corte Constitucional de Colombia garantizó los derechos de pensión a un cura cuya pareja era también un hombre, según señala el informe, que recuerda que estas sentencias se han obtenido gracias a la movilización de activistas.
El texto acusa a la Iglesia de tener un peso preponderante en las sociedades latinoamericanas y de imponer un fundamentalismo conservador que niega los derechos de la comunidad gay, los estigmatiza y los discrimina, alentando, incluso a la violencia.
De hecho, el informe se alarma del incremento de los casos de violencia contra homosexuales en el subcontinente, especialmente en Centroamérica, por lo que pide "a todos los países" que legislen para evitar la homofobia, y por ende los actos de odio y violencia contra los homosexuales.
Asimismo, el informe pide que se asegure que los Estados sean seculares y que se impidan los discursos de odio promovidos por la Iglesia y grupos fundamentalistas de la región.
ILGA solicita, además, que se cierren todas las clínicas "de cura contra la homosexualidad", dado que entienden que los preceptos que aseguran que la homosexualidad es una patología deberían estar prohibidos y porque en dichos centros "se aplican mecanismos de tortura".
Para todo ello, la entidad solicita que se establezcan marcos institucionales específicos, con recursos propios, para desarrollar políticas públicas con el fin de erradicar estigmas y discriminación basados en la orientación sexual y la identidad de género.
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