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Este jueves, la defensa de Leocenis Garcia, editor de 6to Poder, presentó recusación contra juez noveno de control, Denisse Bocanegra por parcializacion y abuso de poder. Ya la semana pasada el abogado Pedro Aranguren había denunciado a la juez ante la DEM.
Aranguren denunció que han "peloteado la apelación" que cursa ante la Sala 1 que en las próximas horas debería decidir el futuro del polémico comunicador social. Según la defensa de García, para poder celebrarse de manera imparcial el juicio por instigación al odio contra el editor, tendría que dimitir tanto la Fiscal General como la presidenta del TSJ no solo por haber adelantado opinión sino por que las altas representantes del Estado aparecen como supuestas victimas de García en el expediente.
Aranguren pidió a la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela, que tomen el caso de 6to Poder , se sinceren y Leocenis sea juzgado en una plenaria del partido, y así "no poner la comidilla de utilizar como han utilizado el Poder Judicial para pasar una factura politica a García" . El penalista añadió;: "Nadie puede creer que esto sea un juicio imparcial, cuando las representantes de los poderes publicos a grito herido piden carcel para mi representado y además dicen que hay peligro de fuga cuando Leocenis no huyó, se entregó y cumplió su palabra después que re abrieron 6to Poder".
El caso de García ha sido condenado por la Organización Reporteros Sin Fronteras, La Relatoría Especial Para La Libertad de Prensa de la llamada Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como por La Sociedad Interamericana de Prensa, la sociedad Uno América, Sin Mordaza, y otras organizaciones internacionales.
A su vez, personalidades como el ex representante de Venezuela ante las Naciones Unidas, Diego Arria, han pedido a la alta Comisionada de los Derechos Humanos de ese organismo que vele por el caso. A la par la organización VAF de Miami, presidida por Patricia Andrade ha llevado el caso ante varios congresistas de ese país.
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El partido Acción Democrática en voz de su secretario general Henry Ramos Allup, ha calificado de "súper preso político" al periodista, mientras la alianza social cristiana COPEI ha pedido su libertad sin demora. Por su parte la coalición de partidos opositores denominada La Mesa de la Unidad Democrática ha condenado el caso y en voz de Delsa Solórzano secretaria de Derechos Humanos ha pedido que se inhiban del caso todas las representantes de los poderes públicos mientras califican el caso de inaudito.
Como se recordará la juez Bocanegra emitió una orden de cierre del semanario en el mes de agosto, y varias voces se alzaron asegurando que tal medida era supra constitucional en consecuencia causal de destitución.