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El Ministerio del Interior tiene intención de dotar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil con unas 1.200 pistolas eléctricas, que han venido siendo reclamadas por los agentes para no tener que recurrir a las armas de fuego en determinadas situaciones.
Los planes de Interior sobre las pistolas eléctricas han sido trasladados al Congreso por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, quien ha respondido a una pregunta en este sentido del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu.
Interior explica en esta contestación que “en la actualidad la Guardia Civil dispone de un total de 10 pistolas eléctricas” y está previsto “para el presente ejercicio económico la adquisición de al menos 150 unidades, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria”. En lo que se refiere a la Policía Nacional, “se encuentra en tramitación un expediente de suministros de un mínimo de mil dispositivos electrónicos de control”.
Esto supone que la Benemérita puede pasar a tener este año 160 pistolas eléctricas, mientras que la Policía sumaría un mínimo de 1.000 a su arsenal. En conjunto, estos cuerpos de seguridad incorporarían próximamente unas 1.160 de estas armas eléctricas.
Ajustadas «a la legalidad»
Al mismo tiempo, Interior explica que «no se entiende que la utilización de estas armas pueda concebirse como uso de armas letales o de lesividad elevada». Esto es así porque el uso de estas pistolas «se ajusta a la legalidad nacional e internacional».
Además, el departamento de Marlaska indica que el empleo de estas armas debe limitarse a «funcionarios especialmente habilitados en relación con todos los elementos directos e indirectos derivados de su uso y conforme a los protocolos de uso que se establezcan». «De hecho», se añade, «debe quedar claro que estas armas no se deben utilizar contra menores y mujeres embarazadas, así como otros colectivos como personas de edad avanzada, personas discapacitadas y personas especialmente vulnerables».
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Según Interior, «estas armas, como cualquier otra o sistema-procedimiento para ejercer la coercitividad legal que se emplee, pueden provocar daños si bien estos serán los mínimos necesarios adecuados a las circunstancias». Se añade que «el uso de la mayoría de los modelos actuales de estos dispositivos deja constancia registral fidedigna de cada uno de sus utilizaciones, y tal actuación quedará registrada conforme dicten los protocolos internos y las autoridades correspondientes«.
Por último, el Gobierno apunta que “no existen estadísticas oficiales de lesividad o letalidad de este uso de armas, si bien las cifras que se recogen en diversos estudios y pronunciamientos difieren enormemente entre ellos. Lo que sí resulta una tónica general es la diferencia abismal de lesividad o letalidad si se compara su uso con el de las armas de fuego”.
