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En junio de 2009 una noticia cimbró a todos los usuarios y defensores a ultranza de internet. El gobierno francés, encabezado por el ministro Nicolás Sarkozy, aprobó la ley Hadopi, con la cual se intenta regular y controlar el uso de la red, además de perseguir a todos aquellos que infrinjan los derechos de autor.
Según mangasverdes.es, el parlamento de aquel país justifica la creación de dicho código para identificar a todos aquellos que utilizan internet para realizar descargas de distinto material de manera ilegal. Aunque en un principio los especialistas auguraban su fracaso, la realidad es que hasta ahora, la ley operaba sin inconvenientes.
¿Cómo es que la ley Hadopi funciona? Todos aquellos poseedores de derechos de autor en la web envían a todos aquellos negocios encargados de proveer servicios de internet las direcciones de IP de quienes cometen algún delito para que dichas empresas se encarguen de obtener todos los datos privados de las personas relacionadas con dicha dirección, apunta fayerwayer.com.
Los proveedores enviarán hasta tres avisos a los usuarios de la red que descarguen material o información protegida de manera ilegal para que dejen de hacerlo; en caso de infringir la norma, las oficinas darán aviso a las autoridades y un juez revisará el caso para emitir una sanción, que puede ir desde el pago de una multa hasta la desconexión de manera indefinida de internet.
Desde que empezó a operar, la ley Hadopi ha sido criticada fuertemente por propios y extraños, pues según palabras publicadas en alt1040.com, se trata de una iniciativa que parece haber sido tomada de un guión cinematográfico de ciencia ficción, que atenta contra la privacidad de los usuarios de internet y que a fin de cuentas, con el paso del tiempo resultará poco útil.
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El gobierno francés contrató a la compañía Trident Media Group para que se encarguen de controlar todas las denuncias. Al día, según la teoría, estarían recibiendo más de 10 mil direcciones de IP, pues las empresas encargadas de dar el servicio tienen únicamente ocho días para levantar la denuncia, ya que de no ser así, serán ellos quien paguen una multa de mil 500 euros por cada omisión (unos 30 mil pesos).
Además de ser una ley, Hadopi se convirtió en una agencia del gobierno, la cual resulta ser que desde mediados de diciembre opera de manera ilícita, información que pocos ciudadanos franceses conocen.
Resulta que para funcionar de manera legal, Hadopi debe contar con nueve miembros activos dentro de la organización y desde el 23 de septiembre, dos de sus funcionarios culminaron su periodo de trabajo dentro de la organización, detalle que hasta el momento nadie le ha prestado la debida atención para buscar a los suplentes de aquellas personas.
La falta de dos miembros automáticamente deshabilita al organismo, ya que al no estar el consejo completo, es imposible discutir y analizar los casos que serán enviados a los juzgados.
Hadopi, quienes se encargan de localizar a delincuentes cibernéticos, han incurrido en un delito, por lo que se espera que el gobierno francés anuncie pronto los cambios en el organigrama, si es que no quieren desatar un problema social mucho mayor.
