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Recientemente la República de Bielorrusia publicó una Ley que impone restricciones a las visitas de sitios web extranjeros. Bajo esta nueva ley, la violación de estas reglas por parte de los ciudadanos y residentes del país, se reconocen como un delito menor y se castiga con multas que pueden ir hasta los US$125.
La Ley exige que todas las empresas e individuos que están registrados como empresa utilicen sólo los dominios de Internet nacionales para la prestación de servicios en línea. Las autoridades fiscales, junto con la policía local y policía secreta, están autorizados para iniciar, investigar y procesar estas violaciones.
Además, la Ley establece que los propietarios y administradores de cibercafés podrían ser multados si los usuarios son sorprendidos viendo sitios porno ubicados fuera de Bielorrusia. Incluso si el este comportamiento no se identifica adecuadamente e informa a las autoridades. La Ley establece que esta disposición puede aplicarse a los particulares si permiten que otras personas utilicen sus ordenadores para navegar por Internet.
Por otro lado, se autoriza al Gobierno a establecer y actualizar una lista de sitios prohibidos cuyo acceso debe ser bloqueado por los proveedores de Internet. La Ley menciona sitios web pornográficos y aquellos que contienen información de carácter extremista.
En 2006, 2007 y 2008, Reporteros sin Fronteras (RSF) que listaron a Bielorrusia como un “enemigo de Internet“. En 2009, Bielorrusia apareció en la lista de “países bajo vigilancia” y ha mantenido ese puesto hasta ahora.
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El control de Internet está centralizado en Beltelecom, que es gestionado por el gobierno. Sin embargo su regulación es incómoda con la participación del Estado en el mercado de las telecomunicaciones y medios de comunicación. La mayoría de los usuarios que publican en medios online práctica un grado de auto-censura impulsada por los temores de persecución. El presidente estableció una política de seguridad de la información bajo el pretexto de mantener la seguridad nacional, sin embargo el clima se ha vuelto represivo y los líderes de la oposición y periodistas independientes con frecuencia son detenidos y procesados.
Desde el año 2007, propietarios de cibercafés han sido obligados a mantener registros de las identidades de sus clientes y los sitios web que visitan, para facilita la inspección de estos servicios. Por otro lado una nueva ley de medios que entró en vigor en febrero de 2009 exige que sitios nacionales e internacionales se inscriban ante el Ministerio de Información o de lo contrario son bloqueados. En agosto de 2010, la Oficina del Fiscal General anunció su intención de endurecer las sanciones penales por la difusión de información difamatoria a través de Internet.
Ahora esta nueva ley entrará en vigor el 6 de enero de 2012 y con ella la censura.