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Conindustria y Fedecámaras creen que aprobación de 14 leyes vía Habilitante afianza el modelo socialista.
Las 14 nuevas leyes decretadas por la vía Habilitante atentan contra el crecimiento de la producción nacional y del PIB manufacturero, porque crea "inseguridad jurídica", al no haberse previsto los efectos que puede generar en la economía darle legalidad a textos "desconocidos para la población".
Así lo percibe Carlos Larrazábal, presidente de Conindustria, que realizó el martes su Asamblea Anual 2012 en el hotel Eurobuilding, de Caracas.
"Estas nuevas leyes que el país desconoce están alejadas de la justificación que le dio poderes habilitantes al Presidente, es decir, la emergencia por las lluvias de 2010 ", denunció.
El industrial considera que esta acción gubernamental "va en contra del camino de la modernidad, innovación y desarrollo que recorren otros países de Latinoamérica, porque pretende afianzar la línea del socialismo".
"Con la aplicación de estas normas se ratificará un modelo que ya ha demostrado haber fracasado", acotó.
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Jorge Botti, presidente de Fedecámaras, dijo, por su parte, que a los empresarios les preocupa que se utilicen los poderes
habilitantes "para hacer leyes como si se tratara de chorizos".
Aunque destacó que solo han hecho un análisis preliminar de las 14 nuevas leyes habilitantes, coincidió con Larrazábal en que "las nuevas leyes afianzan un modelo deliberadamente socialista que el Gobierno no esconde y que ya estaba planteado desde el Plan Socialista 2007-2013".
Según el máximo representante de los empresarios, la politica oficial ha generado que "el sector privado esté cada vez más disminuido en el PIB, que haya cerrado 26% de las empresas en diez años y que se redujera el empleo formal".
Para Jorge Botti, "el Socialismo del siglo XXI se aleja del mercado y la competitividad".
Preferencias reservadas
Larrazábal considera que presionar con una ley a las empresas a que se asocien con el Estado"limita la iniciativa privada y atenta contra el derecho a que cada quien se dedique a la actividad de su preferencia, que establece la Constitución".
Asimismo, el presidente de Fedecámaras criticó que se busca que las empresas se asocien con el Estado sin que nadie se pregunte si son competitivas.
"Se trata de una especie de apartheid, porque solo las que se acerquen al Estado tienen preferencias tributarias, mientras que el resto no. Esta ley supone una situación de preferencia, si se quiere hasta de chantaje", denunció Botti.
El empresario cree que esa ley responde en parte a "presiones políticas y también a la fiesta electoral, porque el Gobierno busca recuperar la confianza de los sectores productivos medios".
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Sobre la Ley Antimonopolio, el vocero de los empresarios del país señaló que, si bien no entró en el paquete de leyes habilitantes, "forma parte de la misma meta de afianzar el modelo socialista, porque no se menciona ni el mercado, ni la competencia".
Larrazábal considera que "la Ley contra los Monopolios va en vía contraria a la tendencia global, que busca incentivar la competencia".
El industrial reiteró que "las prácticas monopólicas no existen en mercados abiertos, y en Venezuela el Estado es el único que tiene el monopolio de sectores como el petrolero, petroquímico, cementero y de agroquímicos, cuya oferta se ha visto afectada".
El presidente de Conindustria considera que esta normativa también "va en contra de la productividad y de la competitividad, porque pecha estructuras y no a las prácticas monopólicas, como sucede en otros países".
Larrazábal lamentó que normativas como éstas atentan contra la recuperación de la manufactura, que empezó en 2011, luego de dos años de caídas.