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Pintura blanca y fresca cubre las huellas de un incendio provocado por criminales en la oficina de la directora de una escuela secundaria de un barrio marginal de Acapulco, el legendario balneario mexicano donde la violencia del crimen organizado interrumpió las clases por semanas.
Afuera, cuatro soldados resguardan la puerta, blandiendo rifles de asalto tan grandes como los pequeños escolares a los que protegen.
El ejército llegó hace tres semanas a más de 100 escuelas de la periferia de este puerto sobre el océano Pacífico (a unos 370 km al sur de Ciudad de México) para frenar la irrupción de asesinatos, secuestros y extorsiones contra profesores.
El inédito despliegue de 1.000 soldados en escuelas de estos barrios periféricos de Acapulco fue la única manera de convencer a los maestros de volver a los salones de clases, terminando con un paro de dos meses que dejó desde noviembre a 31.000 estudiantes en sus casas.
“Nunca hemos pensando llegar a este extremo, de estar trabajando con vigilancia o con militares”, reconoce María Inés Aparicio, directora de la Escuela Secundaria 100.
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Parada al lado de quemados estantes de libros y mientras los niños aguardan la campana de la salida, la maestra lamenta que seis estudiantes dejaran la escuela este año por miedo.
La escuela estaba vacía durante un paro de profesores cuando fue blanco en diciembre de un asalto de hombres armados que quemaron la oficina de la directora, incineraron documentos, así como computadoras y escritorios.
Los atacantes dejaron un siniestro mensaje con una advertencia: “No cierren la escuela”.
Aparicio dice desconocer por qué fue quemada su oficina pero las autoridades acusan a pandillas de Acapulco de estar detrás de ese incendio y de al menos otros dos ataques para conseguir que los maestros les paguen una cuota.
Fuerzas federales capturaron a principios de febrero al presunto líder de una de las pandillas, Ronaldo Mendoza Matilde, en Mexicali, una ciudad fronteriza con Estados Unidos. Tres de sus cómplices fueron arrestados la semana pasada en Acapulco.
Inédito despliegue
Ha sido un año duro para el profesorado de Acapulco, con 21 docentes asesinados y cerca de 10 secuestrados en 2014, dice Alfredo Miranda, representante local del departamento de Educación del conflictivo estado de Guerrero.
Miranda señaló que los criminales dejaron mensajes en escuelas demandando un pago sobre el bono de aguinaldo de tres meses de salario que los profesores reciben a finales de año.
El robo a los maestros es otro de los agujeros negros de Acapulco, este balneario que ha perdido el glamour de décadas pasadas, cuando era el lugar favorito de descanso de estrellas de Hollywood.
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En la ciudad se ven cada vez menos turistas, mientras los carteles de la droga la han convertido en la capital mexicana de los asesinatos.
Guerrero, el estado en el que se encuentra Acapulco, ha sido escenario de violentas protestas por la desaparición y presumible masacre de 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa a manos de miembros del crimen organizado vinculados a policías corruptos.
Una huelga de ocho meses de policías locales se agrega al caos que reina en Acapulco.
“Es un hecho inédito en la historia de mi país que militares cuiden las escuelas, pero no había otra manera. Al crimen organizado lo teníamos dentro del salón de clases”, justificó Salvador Martínez Della Roca, secretario de Educación de Guerrero. “Corrompen niños y a través de ellos venden droga”, asegura.
El secretario no da una fecha límite para la presencia de los militares y planea reforzar la seguridad con muros alrededor de las escuelas, así como con cámaras de vigilancia y botones de pánico para alertar a la policía.
Jesús, un estudiante de 16 años de la secundaria 100, recuerda el pánico que se vivió en el aula el año pasado cuando se escucharon disparos afuera. “El maestro decía ‘que se calmen’”, rememora Jesús con sus audífonos saliendo del cuello de su camisa. “Ahorita la situación ha mejorado, porque antes era crítica”.
El maestro de ciencia Amalio Hernández dijo que alguien que se hizo pasar el año pasado por un padre de familia se dirigió a él afuera del salón y amenazó con secuestrarlo.
Padres alarmados
Mientras el despliegue militar ha traído tranquilidad a los maestros, padres y estudiantes, muchos piden también mayor seguridad en sus vecindarios. Ramiro Villa Salas, director de la escuela técnica 79, cercana a la carretera que va al aeropuerto, dijo que tuvo que cerrar después del 27 de noviembre luego de que una auxiliar de administración y su hija de tres años fueron secuestradas cuando caminaban de regreso a casa, y luego liberadas.
La violencia en la zona provocó que 25 niños hayan sido llevados por sus padres a otras escuelas. Otros maestros y padres están preocupados de que la presencia del ejército pueda atraer más problemas.
“Por una parte nos sentimos tranquilos pero por otra alarmados porque pueda pasar algo porque estén ellos”, dice Hugo Estrada, cuya hija de 13 años sufrió amenazas de secuestro.
Fuente [Losandes.com.ar]