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¿Cómo se desarma un país donde cada media hora asesinan a alguien?
La Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme trabaja desde mayo con ese objetivo.
Para empezar nadie sabe cuántas armas de fuego hay en Venezuela, aunque algunas estimaciones ponen esa cantidad entre 10 y 14 millones, en un país de 28 millones de habitantes.
La cifra tan sólo de armas incautadas en lo que va de este año (120.000) puede dar una idea de lo que no llega a manos de las autoridades.
Y la inmensa mayoría circulan de forma ilegal.
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"El mercado ilegal –dice Pablo Fernández, secretario técnico de la comisión– se nutre del tráfico, de las armas legales que son robadas y pasan a integrar el mercado ilegal, y de la corrupción, de las armas de órganos de seguridad del Estado, armas para proteger a la población mal utilizadas".
"Hay que sacarle la idea a la gente de que un arma de fuego da seguridad": ésa es una de las ideas en las que insiste Fernández.
El también coordinador de la ONG Red de Apoyo por la Justicia y la Paz explica que un sector amplio de la sociedad venezolana, sobre todo en la clase media, ve normal o necesario estar armado.
Y en los sectores más bajos, son los jóvenes quienes ven la posesión de un arma de fuego como "un elemento de identidad, un elemento perverso de reivindicación masculina".
La tarea de desarmar lleva tiempo y educación, aseguran los especialistas en la materia.
"El desarme tiene que pasar por la cabeza de la gente, desde cómo como sociedad resolvemos los conflictos. No se soluciona yendo a un barrio con un camión y esperar que la gente vaya colocando sus armas", le dice Fernández a BBC Mundo.
A varias puntas
La comisión trabaja en distintos frentes.
El primero es determinar la cantidad de armas y municiones, pues –dice Fernández– no hay "ninguna cifra confiable, son especulaciones (…) no hay ninguna investigación científica confiable sobre el tema".
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Para Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, una organización no gubernamental que hace seguimiento al sector de seguridad en Venezuela, "difícilmente sin esa información se pueda hacer una política de desarme creíble".
El secretario técnico considera que hay un fácil acceso al porte de armas, un elemento a corregir.
Pero eso no es lo que más preocupa a los 20 miembros de la comisión, integrada por autoridades gubernamentales, poderes públicos, académicos y organizaciones no gubernamentales.
El centro del asunto pasa por el control de las armas y, especialmente, de las municiones.
Sin información
La Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) está en medio de la polémica.
"De las armas incautadas casi el 80% tienen municiones de Cavim. Son municiones hechas en el país, vendidas por una compañía militar pública: ¿Dónde se desvían? ¿Dónde se pierden? Esa es la gran pregunta. Hay que responder la pregunta y regular las municiones con el marcaje", señala Fernández.
Hacia ese lado apunta San Miguel, quien considera que se debería "transparentar el sistema de producción e importación de armas y municiones (…) el problema del desarme parte del control sobre armas y municiones legales del Estado".
La encargada de Control Ciudadano dice que Cavim es "inauditable" , las cifras de producción no se conocen, "entonces difícilmente se pueda implementar una política de desarme".
La comisión busca hacer hincapié en el tema del marcaje de las municiones para poder determinar, por ejemplo, si las balas destinadas a la policía de una región del país terminan implicadas en un hecho delictivo en la otra punta del país.
En este aspecto y en otros los miembros de la comisión buscan asesoramiento extranjero.
Ya han recibido consejos de expertos internacionales y de organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Viajarán a Brasil para conocer la experiencia en políticas de desarme implementadas en Río de Janeiro y Sao Paulo.
Y también miran "las cosas que han dado resultados positivos" en otros países como El Salvador, Ecuador y Colombia.
Porte de armas
Otro de los objetivos en los que ya trabaja es la restricción en los espacios en los que se puede portar armas.
Ya se comenzó con los medios de transporte y aseguran que se piensa aplicar en estadios, plazas, parques, centros comerciales, locales nocturnos y centros de expendio de alcohol.
Con respecto a la prohibición en las unidades de transporte, San Miguel opina que se trata de algo "cómico", es "dar órdenes para una situación que nadie va a cumplir.
Lo dicen algunos críticos y lo reconocen desde la propia entidad, la dificultad en la aplicación de algunas iniciativas es una realidad.
Este tipo de acciones se enmarca dentro de una serie de medidas que buscan ir desalentando la presencia de armas en la población civil.
También se realizarán experiencias piloto para consultar a las comunidades sobre el proceso de desarme.
La primera de ellas tendrá lugar en la parroquia La Vega, en Caracas, donde una de las medidas será la de promover una canje voluntario de armas a cambio de beneficios sociales, como becas de estudio.
"Es un proceso que lleva tiempo –reconoce Fernández –, lleva meses, tenemos que ir generando conciencia. No puedo llegar al barrio y pedir las armas (…) Después sí ya vendrá el despliegue compulsivo, donde las vamos a buscar hasta abajo de las piedras".
Es una iniciativa "saludable" a ojos de San Miguel, pero son medidas de "bajo y mediano impacto".
La comisión tiene previsto funcionar hasta mayo del 2012 aunque ya piensa se en prorrogar sus funciones por otro año, algo necesario aseguran quienes recuerdan que Venezuela tiene la tasa de homicidios más alta de la región.
Se encuentra en 48 asesinatos por cada 100.000 habitantes de acuerdo al gobierno y en 57 por cada 100.000 habitantes, según organizaciones no gubernamentales.
BBCmundo.com