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El 29 de octubre de 1988, hace 25 largos años, catorce humildes campesinos de la población de El Amparo, municipio Páez del estado Apure, fueron vilmente masacrados por efectivos policiales y militares adscritos al Comando Específico, José Antonio Páez.
La operación, conocida como Anguila 3, según se supo tiempo después, fue organizada por un pequeño grupo de hombres de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, DISIP, junto con algunos militares que deseaban obtener beneficios económicos y acumular
méritos para escalar posiciones dentro de la estructura militar venezolana.
Se trató de simular un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad venezolanas y un supuesto grupo guerrillero. La intención era generar una situación de pánico y de zozobra en la zona, haciendo ver que la guerrilla tenía planes de atentar contra instalaciones petroleras venezolanas. Si la operación hubiese tenido éxito, las autoridades militares de la zona serían promovidas al Ministerio de la Defensa, y la Disip obtendría un sustancial aumento financiero en la partida secreta.
Pero gracias a Dios algo salió mal. Dos de los supuestos guerrilleros lograron sobrevivir a la masacre y denunciaron que todo fue un vulgar montaje, una obra de teatro que ya había sido ensayada en El Vallado, Totumitos y Caño Las Gaviotas. José Augusto Arias y Wolmer Gregorio
Pinilla, dos humildes pescadores se transformaron en íconos nacionales e internacionales de la defensa de los derechos humanos.
Su testimonio permitió desmontar la mentira de las autoridades policiales y militares y acabar con la funesta práctica de lo que en territorio colombiano se llaman «falsos positivos».
Este martes 29 de octubre de 2013 se cumplen exactamente 25 años de la Masacre de El Amparo, uno de los hechos más horrendos que he cubierto en mis casi 30 años de ejercicio periodístico.
Lo ocurrido aquel 29 de octubre me dejó grandes aprendizajes. Lo primero fue aprender a luchar contra el poder. Para poder encontrar la verdad e imponer la justicia en el caso de El Amparo, fue necesario enfrentar al poder político, al poder militar y al poder judicial.
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El Poder Político, representado en aquella oportunidad por el Presidente de la República Jaime Lusinchi, quien desde un primer momento apoyó a las autoridades militares y policiales involucradas en el caso. Lusinchi no hizo absolutamente nada por encontrar la verdad y castigar a los culpables. Todo lo contrario: hizo todo cuanto pudo para que los culpables fueran absueltos. Pero afortunadamente había un Congreso de la República que funcionaba como lo que realmente debe ser un Congreso: como un contrapoder.
El Congreso ordenó investigar lo ocurrido en El Amparo y nombró una comisión especial integrada por parlamentarios de todas las fracciones políticas para levantar un informe completo sobre el hecho. Esa comisión, por cierto, fue presidida por un diputado de AD, Angel Zambrano, quien no se prestó para hacer un informe amañado que beneficiara al gobierno de su compañero de partido.
El poder militar también trató de torcer el rumbo de los hechos. Las presiones ejercidas desde el Ministerio de la Defensa contra los jueces militares que tuvieron el expediente en sus manos fue muy dura. Los ministros no querían saber la verdad de lo ocurrido en El Amparo, sólo querían proteger a sus compañeros de promoción. Por fortuna, hubo jueces militares que no se dejaron presionar ni chantajear, entre ellos, el coronel Angel Edecio Zambrano Chaparro, un verdadero hombre de honor. Recuerdo estas palabras del coronel Zambrano: «La Justicia Militar es cualquier cosa, menos justicia».
El poder de los medios de comunicación también fue determinante. En 1988 teníamos en Venezuela medios de comunicación verdaderamente libres. Había plena libertad de expresión y se podía hacer periodismo de investigación y de denuncia. Hoy día no tenemos nada de eso.
A 25 años de la Masacre de El Amparo, no sólo quiero recordar aquella lucha que emprendimos, desde nuestra trinchera periodística, junto con el diputado Walter Márquez y otros defensores de los derechos humanos. Y me pregunto: habría sido posible obtener justicia en la Masacre de El Amparo, si en lugar de Lusinchi nos gobernara Maduro? Lo dudo. Habría sido posible obtener justicia si en lugar de aquel Congreso hubiésemos tenido esta Asamblea Nacional? Lo dudo.
Hay cientos de razones por las cuales dudo que el Poder Ejecutivo presidido por Maduro y el Poder Legislativo presidido por Diosdado hubiesen permitido que reluciera la verdad en el caso de El Amparo: 1) El jefe del Comando Especìfico José Antonio Páez, coronel Enrique Vivas Quintero, fue diputado del PSUV en el Parlamento Latinoamericano y 2) Uno de los principales artífices de toda la inteligencia que permitió la planificación y ejecución de la Masacre de El Amparo, es hoy día gobernador del estado Guárico gracias al PSUV, el Capitán
Ramón Rodríguez Chacín.
Para mí no hay dudas: si la Masacre de El Amparo hubiese ocurrido durante este gobierno, jamás habríamos conocido la verdad de lo ocurrido.
@GustavoAzocarA / Gustavo Azócar Alcalá
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