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Mientras el péndulo en que se ha convertido la crisis presupuestaria en EE.UU. regresa hacia la inminencia de una suspensión de pagos, comienzan a ganar prominencia las voces que predican las alternativas del presidente Barack Obama para evitar el tan temido default.
De momento, las bien encaminadas negociaciones en el Senado están congeladas, pendientes de lo que pase en el Congreso, donde la mayoría republicana se niega a conceder una salida a la crisis si Obama no accede a ciertos recortes en la reforma sanitaria recientemente aprobada.
Sin un acuerdo antes del jueves para elevar el techo de la deuda, el gobierno alcanzará su límite de endeudamiento y sólo contaría con los US$30.000 millones de sus cuentas bancarias más los US$6.000 millones que recauda diariamente en impuestos: insuficiente para pagar las cuentas.
La interpretación del presidente Obama es que, sin tal acuerdo, estaríamos camino de una suspensión de pagos que no vendría inmediatamente, pero cada día estaría mucho más cerca.
Sólo el jueves, el gobierno tiene que pagar US$11.000 millones en pensiones y a final de octubre US$6.000 millones en intereses de deuda pública. El primero de noviembre sería definitivo: la factura de ese día es de US$58.000 millones.
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Pero esa «interpretación» de Obama tiene alternativas que servirían para evitar lo que se augura como un tsunami financiero internacional, que entre en suspensión de pagos el emisor de los títulos más «seguros del mundo», los del Tesoro de EE.UU. Eso sí, como el default, igual son inconstitucionales.
La 14ª Enmienda
Ya en 2011, cuando se dio una crisis similar, el expresidente Bill Clinton dijo que la normativa que establece el techo de la deuda es inconstitucional por cuanto atenta contra la 14ª Enmienda de la Constitución y que lo mejor es que Obama simplemente se lo salte y se vea en los tribunales con quien no estuviera de acuerdo.
Lo que dice en concreto la norma en cuestión es: «La validez de la deuda pública, autorizada por la ley (…) no será cuestionada». Y una de las atribuciones del gobierno es hacer cumplir las leyes y la Constitución.
El profesor Sandford Levinson, constitucionalista de la Universidad de Harvard, le explica a BBC Mundo que como según esa enmienda «cualquier deuda debe ser pagada» entonces «si se requiere un endeudamiento adicional, el gobierno federal tiene una autoridad inherente para hacerlo».
Otros expertos, como Lawrence Tribe, también de Harvard, consideran que el argumento no es sólido en tanto se trata de una potestad del Congreso y además hay una ley que establece el techo de la deuda que habría que saltarse.
De momento, el propio presidente Obama lo descarta públicamente al insistir: «Nuestro punto de vista es que la Constitución le da al Congreso y no al presidente la autoridad para emitir deuda pública y sólo el Congreso puede elevar el techo de la deuda».
La moneda del billón
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La salida preferida por el profesor Levinson, no obstante, es la de la moneda del billón, de la que ya se había hablado en enero, y que consiste en que el gobierno acuñe una moneda de platino y le asigne el valor de un billón de dólares.
Se trataría de aprovechar el resquicio legal que le permite al secretario del Tesoro asignarle cualquier valor a una moneda e ingresarla en la Reserva Federal para poder seguir gastando.
El plan contó con el aval de expertos legales y hasta economistas de renombre que aunque lo consideraron un truco contable descabellado lo preferían a las hipotéticas catastróficas consecuencias de una suspensión de pagos.
Sin embargo, Obama tampoco parece estar de acuerdo con esa vía. «Lo que obvian es que, a fin de cuentas, lo importante es lo que piensan esos que compran bonos del Tesoro», enfatizó el presidente.
Y está de acuerdo el profesor Levinson cuando se pregunta «si alguien compraría bonos del Tesoro emitidos por el gobierno sin autorización del Congreso». «Este es un problema práctico muy serio», agrega.
Es decir, se estaría teóricamente en presencia de bonos basura.
El «trilema»
Por su parte, el profesor Neil H. Buchanan, economista experto en presupuestos públicos de la Universidad George Washington, considera que de no haber acuerdo en el Congreso el gobierno se enfrentará el jueves a un «trilema» de imposible solución dentro de la Constitución.
«El presidente, de una forma u otra, tiene que elegir una salida que implica algo que el Congreso dice que no puede hacer», le dice Buchanan a BBC Mundo.
Según el experto la clave está en que el legislativo «obliga al gobierno a recaudar una determinada cantidad, gastar otra y le impide endeudarse más para pagar la diferencia».
Para Buchanan, las tres salidas que tiene el presidente, todas inconstitucionales, son la «suspensión de pagos» (que hasta ahora es la posición de Obama) recaudar más impuestos unilateralmente, lo que es competencia del Congreso y por tanto ilegal (o seguir endeudándose) igualmente una usurpación de una atribución del Legislativo.
Ante las «devastadoras consecuencias» que en palabras de Obama tendría la suspensión de pagos o «la mayor tormenta política de la historia» que según Buchanan provocaría que el gobierno sin autorización del Congreso tratara de establecer más impuestos en un país como EE.UU., la salida menos gravosa sería la de continuar emitiendo deuda.
«Sería lo menos arbitrario, no estaría cambiando las prioridades del Congreso y además previene la tormenta que causaría la suspensión de pagos o la subida de impuestos», comentó Buchanan, al señalar esta opción como la «menos inconstitucional».
En cualquier caso, en lo que sí parecen coincidir los constitucionalistas es en que si no hay acuerdo en el Congreso, el caso de Obama optando por una salida inevitablemente inconstitucional podría llegar a los tribunales y ése sería uno de los juicios más interesantes de la historia.
[Fuente: bbc.co.uk]