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La decisión -comunicada por dos altos funcionarios de gobierno en una conferencia telefónica de la que participó BBC Mundo- introduce un cambio importante en las políticas migratorias de la gestión de Barack Obama, durante la cual se ha alcanzado un número récord de deportaciones.
Las organizaciones que luchan por los derechos de los migrantes celebraron la propuesta de aplazar indefinidamente un buen número de causas, por considerar que atiende a razones humanitarias.
"La administración del presidente Obama ha dado señales de que es capaz de ofrecer ayuda a las familias inmigrantes. Esperamos con impaciencia que miembros de la comunidad confirmen que sus familias ahora pueden estar juntas y quedarse en este país", expresó la ONG Casa de Maryland, en un comunicado enviado a BBC Mundo.
Sin garantías
En el año fiscal 2010, el Departamento de Seguridad Interior expulsó del territorio estadounidense por vía legal a más de 392.000 indocumentados, según cifras oficiales, el mayor número de la historia del país.
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El gobierno señaló que las nuevas políticas regirán sólo para personas que tengan una causa de deportación pendiente (lo que técnicamente se conoce como removal procedures) y permitirán que estos inmigrantes postulen para un permiso de empleo, aunque sin garantías de que éste les sea concedido.
Aunque no existe un cálculo oficial, se estima que se beneficiará así a miles de hispanos indocumentados, cuyos casos serán evaluados uno a uno por un comité.
Sin embargo, eso no significa que sus causas de deportación vayan a quedar cerradas: sólo serán congeladas y podrán ser reabiertas por el gobierno en cualquier momento, si reciben información sobre presuntas conductas delictivas de los beneficiarios o a discreción de los funcionarios de migración.
Cortes saturadas
Altas fuentes del gobierno estadounidense, que pidieron reserva de su nombre, reconocieron ante BBC Mundo que el número de causas de deportación que aguardan un veredicto -unas 300.000- excede la capacidad de las cortes de inmigración encargadas de revisarlas, lo que genera demoras de hasta dos años.
El cambio de estrategia apuntará ahora a concentrar los recursos en casos de indocumentados convictos por crímenes diversos, personas que hayan cruzado ilegalmente la frontera recientemente (en lugar de aquellos sin papeles que llevan muchos años instalados en el país) o que hayan reincidido en el ingreso ilegal después de haber sido deportados en el pasado.
Son, en la jerga de las dependencias de migración estadounidense, "residente ilegales de nivel 1" o de alto riesgo. Los demás casos serán considerados "no prioritarios".
Los anuncios continúan los lineamientos expresados por el secretario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), John Morton, en un memorándum de junio pasado. En él, instruía a sus empleados a utilizar el "criterio de discrecionalidad" a la hora de iniciar un proceso de deportación y evaluar cuestiones tales como cuánto tiempo lleva la persona en el país, si tiene cónyuge o hijo estadounidense o si posee antecedentes delictivos.
Escépticos
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Otros recibieron la novedad con escepticismo, al considerar que lo que se anuncia desde las oficinas de Washington "no siempre se ve reflejado en el terreno", donde los indocumentados continúan siendo detenidos de a centenares.
"Somos escépticos sobre la habilidad del ICE y las patrullas fronterizas de hacer de esta política la nueva norma, teniendo en cuenta cómo han operado estas agencias durante años. Pero este anuncio establece un nuevo nivel de responsabilidad y claridad que deberían llevar seguridad y estabilidad a miles de familias que hoy se ven desmembradas por las deportaciones", apuntó la organización civil America’s Voice, que aboga por una reforma migratoria integral.
En tanto, los grupos reacios a suavizar las políticas migratorias consideraron el anuncio como una velada "amnistía administrativa".
"Habiendo fracasado por el proceso legislativo, la administración de Obama simplemente ha decidido usurpar la autoridad constitucional del Congreso e implementar un programa de amnistía para millones de inmigrantes ilegales", señaló Dan Stein, presidente de la conservadora Federación Estadounidense para la Reforma Migratoria (FAIR, por sus siglas en inglés).
[Fuente: BBC Mundo]