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Esta semana finalmente se aprobó la polémica Ley Antidescargas española, que busca perseguir la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de autor. Pero si la pura venia en torno a la normativa ya resulta oscura para el futuro del uso de la web, ¿cómo les suena que Estados Unidos haya metido sus manos en el tema, amenazando al gobierno español con pasarlos a su lista negra mala gestión en la defensa de la propiedad intelectual?
Sucede que fueron filtradas unas cartas que dejan en evidencia que el embajador de Estados Unidos en España presionó al gobierno ibérico para aprobar la denominada Ley Sinde, o de lo contrario pasarían a engrosar el grupo de “vigilancia prioritaria” que es la lista negra estadounidense de “los peores violadores globales de los derechos de propiedad intelectual”, como los califica el propio embajador Alan Solomont. Conformar parte de este grupo puede significar importantes sanciones comerciales, algo que podría resultar devastador dado el delicado estado actual de la economía española.
Solomont explicó en su misiva que “el gobierno de España adquirió compromisos ante los dueños de los derechos y ante el gobierno de Estados Unidos. España no puede permitirse ver cuestionada su credibilidad sobre este asunto. La rampante piratería en Internet daña la economía de España y sus industrias culturales”.
Esto ocurrió diez días después de que el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero decidiera sorpresivamente no aprobar la legislación. Finalmente fue el nuevo Presidente Mariano Rajoy el que aprobó la norma (dos semanas después de asumir su cargo), y no sin antes haber recibido una carta del presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos para que aprobara la legislación.
Elegante, ¿no?
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