El diputado al Consejo Legislativo Estadal (Cleanz) y miembro de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Anzoátegui, Miguel Arismendi, denunció que el crédito adicional número 24/2012, aprobado por el ente legislador, fue utilizado por la Procuraduría General del Estado para “hacer pagos que no se compaginan con la justificación legal y fáctica de la solicitud del crédito adicional hecha por la gobernación”.
Indicó que en la solicitud del crédito la gobernación argumentó que el mismo se fundamentaba en recursos y presupuestarios financieros que “iban a ingresar” al Tesoro del Estado, y que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 52 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y en el Artículo 8 de las disposiciones generales de la Ley de Presupuestos de Ingresos, Gastos y Operaciones de Financiamiento del Estado, se disponía de esos fondos para cubrir insubsistencias en el Presupuesto de Gastos del Estado, relativas al pago de salarios, bonos, primas, aportes a cajas de ahorro, incidencias salariales por concepto de aumento de sueldo, entre otros.
Arismendi explicó que en el caso específico de la Procuraduría, la petición señala que: “Bs. 2.558.372,79 destinados al máximo organismo de la representación jurídica del Estado, del orden jurídico y administrativo en toda su jurisdicción, para que en el ejercicio de sus atribuciones sean administrados en la cancelación de las insuficiencias y compromisos laborales que mantiene con su personal”.
No obstante, en el texto de la solicitud-continuó- se señala que esos recursos se destinarán a prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados, partida N° 01.03.51.4.01.08.01, y específicamente al fondo de prestaciones sociales de empleados, partida N° 01.03.51.4.01.08.01, 001.
“Sin embargo, en el oficio de fecha 27 de noviembre de 2012, la Dirección de Presupuesto informa a la Procuraduría que el dinero será utilizado para el pago de las prestaciones de los Altos Funcionarios de ese despacho, es decir, Procurador y sub Procurador, dejando por fuera a los demás funcionarios del ente procurador”, explicó.
Descaro
El parlamentario aseveró que es evidente que los recursos asignados serán utilizados para un destino distinto para el que fueron solicitados, por lo que se “configura en una apropiación indebida, que debería ser sancionada conforme lo establece la Ley contra la Corrupción, amén que se está propiciando que la derrota del candidato turista haga que los altos funcionarios estadales busquen obtener prebendas en vista de que no podrán seguir ocupando los cargos que detentaban”.
El diputado se preguntó cómo si los recursos aprobados están destinados a cubrir insuficiencias presupuestarias y financieras derivadas de pasivos laborales insolutos, “ahora el Procurador General del Estado, en abierta violación de las normas legales, pretende jubilarse sin atender las necesidades de los demás funcionarios del ente, que no han recibido ninguno de los aumentos salariales decretados desde el 2009, aunados a los incrementos adeudados en el 2010, 2011 y 2012 y todas las incidencias salariales que ello representa”.
[Fuente: Prensa ABS]