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La Guardia Civil ha detenido a casi medio centenar de personas y ha desmantelado una red dedicada al tráfico ilegal de medicamentos para el tratamiento oncológico de menores, cuyas operaciones movieron hasta 40 millones de euros y provocaron una situación de desabastecimiento.
Hasta el momento han sido detenidas 49 personas, doce de ellas titulares y trabajadores de farmacias, por delitos contra la salud pública y falsedad documental, y se han llevado a cabo siete registros en farmacias y almacenes de Madrid, Barcelona, La Coruña y Lugo, donde se han localizado gran cantidad de fármacos, dinero y documentación.
Según ha explicado el coronel Rubén Valero en una rueda de prensa este viernes en la comandancia de la Guardia Civil de la localidad madrileña de Tres Cantos, la conocida como Operación Noisa arrancó tras la denuncia de la Asociación de Oncología Infantil, que alertó del desabastecimiento de la medicina y otras sustitutorias.
La investigación, iniciada a mediados de 2013, ha descubierto que la trama delictiva había creado un comercio «inverso», paralelo al habitual, por el que los laboratorios vendían la medicina a farmacias, que después la revendían a empresas que exportaban al extranjero.
Asimismo, contaban con una red de seis almacenes -tres de ellos en la Comunidad de Madrid y el resto en Barcelona, La Coruña y Lugo-, y utilizaban numerosas empresas de transporte para trasladar el material. Coincidiendo siempre que el último tramo lo realizaban con una empresa propia, para dificultar ser investigados.
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Vendían el medicamento fuera de España
En la rueda de prensa también se ha señalado que habitualmente la medicina se enviaba a Holanda, Dinamarca, Bélgica e Inglaterra. El precio del medicamento en España está fijado en cerca de seis euros por caja, mientras que la trama podía venderlo por hasta 50 euros en otros países de Europa, lo que permitía un tránsito de dinero de cinco millones de euros anuales.
Para conseguir este beneficio, la trama contaba con más de cuarenta empresas, dirigidas por cuatro personas, aunque después había «una gran cantidad» de testaferros que facilitaban el blanqueo de dinero, que habitualmente se llevaba en depósitos legales en cuentas en el extranjero. Desde la Guardia Civil también han indicado que el principal sospechoso tiene 67 años y tenía más de 107 propiedades en total, entre ellas una casa valorada en ocho millones de euros.
El responsable de la oficina nacional de investigación del fraude, José María Martínez, ha señalado que la Agencia Tributaria ha colaborado a petición de la Guardia Civil y del juez, con el objetivo de cuantificar el fraude y el blanqueo de capitales. Con todo, Martínez ha señalado que ésta se puede convertir en «la primera piedra para evitar que este tráfico de medicamentos se siga produciendo».
La investigación, que aún no se ha dado por concluida, tiene conexión con otra operación de tráfico de medicamentos que se está llevando a cabo en un juzgado de Teruel.
Fuente [Abc.es]