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La Contraloría de Bogotá embargó las cuentas bancarias del alcalde Gustavo Petro y tres de sus funcionarios por supuesto detrimento patrimonial a la ciudad, una acusación que sigue al intento de destituirlo, aún pendiente de una resolución definitiva, informó este miércoles uno de sus colaboradores.
Según la Contraloría, el detrimento patrimonial ocurrió debido al establecimiento de tarifas reducidas en el sistema de transporte público de Bogotá, Transmilenio, indicó el secretario de Hacienda de la ciudad, Ricardo Bonilla, en una entrevista con la emisora Blu Radio.
“Estamos embargados el alcalde Petro, la exsecretaria de Movilidad Ana Luisa Flechas, Yanod Márquez, que era el vicepresidente financiero de Transmilenio, y el secretario de Hacienda”, dijo Bonilla.
El caso fue abierto por la Contraloría por la aplicación en 2012, por parte de la alcaldía de Bogotá, de una política especial para Transmilenio, que diferenció las tarifas de hora pico y hora valle con la intención de descongestionar el sistema.
“Para la Contraloría esa tarifa diferencial (que redujo el precio del pasaje en horas valle) es un subsidio y ese subsidio es un detrimento patrimonial y los que lo decretamos debemos pagárselo a la ciudad”, aseguró el secretario de Hacienda.
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“El detrimento patrimonial del que habla la Contraloría es de 178.000 millones de pesos (unos 92 millones de dólares), pero primero nos tienen que demostrar que somos culpables y ni siquiera ha empezado el juicio y ya nos embargaron”, lamentó.
Petro, un economista y exguerrillero de 54 años, “queda completamente sitiado” con este embargo, según Bonilla, quien recordó que al alcalde también se le impuso recientemente una multa de unos 200.000 dólares por supuestamente limitar la libre competencia al modificar el sistema de recolección de basura.
La Procuraduría, órgano de control de los funcionarios públicos, sancionó a Petro en diciembre de 2013 con la destitución de su cargo y una inhabilidad por 15 años bajo el argumento de que actuó con dolo en la reforma del sistema de recogida de basuras, que era manejado en concesión por empresas privadas y pasó a ser controlado por la compañía pública de aguas.
Petro pasó poco más de un mes apartado de su cargo tras la ejecución de su destitución en marzo, pero fue restituido hace una semana por orden de un tribunal local que pidió respetar medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor del alcalde.
Aún está pendiente el fallo de fondo sobre el recurso de nulidad que introdujo el alcalde contra su destitución e inhabilitación.
[Fuente: AFP]