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Una corte de Estados Unidos ordenó a Twitter entregar los detalles de la cuenta de Brigitta Jonsdottir, parlamentaria islandesa que fue voluntaria de WikiLeaks y estuvo involucrada en la publicación de este video, a las autoridades estadounidenses. La entrega de los datos estaba en disputa desde hace meses, pero finalmente el gobierno estadounidense consiguió lo que quería.
El hecho ha despertado gran cantidad de polémica, porque significa que cualquiera que tenga una cuenta en un servicio basado en Estados Unidos puede ser investigado por el gobierno de ese país – sin necesidad de que se te informe que tu información está siendo recolectada.
De hecho, Jonsdottir no se habría enterado si no fuera porque Twitter al principio se rehusó a entregar la información. Pero finalmente, la corte no le dio la razón a la red social.
“Este es un gran golpe para todos los que usan redes sociales. Tenemos los mismos derechos civiles online y offline”, dice Jonsdottir. La parlamentaria compara la entrega de información de servicios online con una búsqueda policial a una casa: en ese caso, se requeriría una orden judicial y se notificaría al dueño de la casa al momento de rastrearla, sin embargo, en internet no funciona de la misma manera, y los datos pueden ser entregados sin que el usuario en cuestión se entere.
Jonsdottir afirmó que pedirá al Consejo Europeo a intervenir en este caso, que según ella sentaría un precedente preocupante para los ciudadanos y políticos alrededor del mundo. El mes pasado, parlamentarios de 157 países condenaron las medidas adoptadas por el Departamento de Justicia, afirmando que amenaza la libertad de expresión, y sugiriendo que podría violar el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, referente a la libertad de opinión y expresión.
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Además de Jonsdottir, se solicitaron datos de otros voluntarios de WikiLeaks, como el estadounidense Jacob Appelbaum y el holandés Rop Gonggrijp.
Para conseguir la información sin que los sujetos se enteraran y sin emitir una orden de búsqueda, el Departamento de Justicia utilizó una ley de 1994 llamada el “acta de comunicaciones almacenadas”, con el objetivo de conseguir las direcciones IP de los usuarios para obtener la ubicación de los computadores que se usaron para acceder a internet. También solicitaron información bancaria, nombres de usuario, nicknames u otras identidades, correos y otras direcciones.
Según la corte, los usuarios de Twitter “voluntariamente” entregan su IP cuando se registran en el sitio, abandonando las expectativas de privacidad a este respecto.
“Quiero que todos estén completamente conscientes de los derechos a los que aparentemente renunciamos cuando firmamos estos acuerdos de usuarios que nadie lee”, dice Jonsdottir. Tal como ocurrió con Twitter, se podría obtener información así de búsquedas en Google, compras y tarjetas de crédito en eBay o Amazon, datos de Facebook, etc.