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La Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, en su condición de espacio para la formación de profesionales en esta área, expresa su preocupación ante los graves hechos acaecidos en el país que afectan el ejercicio de la profesión por parte de los comunicadores sociales.
Las restricciones y la censura impuestas a los medios impresos y radioeléctricos -las cuales afectan además a otros sectores tales como el de los anunciantes y agencias de publicidad-, las limitaciones a Internet, la intimidación a los periodistas, las presiones ideológicas, el cierre de las fuentes gubernamentales de información y la política de hegemonía comunicacional que ha cumplido el Gobierno Nacional han configurado un espacio opresivo que ha favorecido la autocensura y, por tanto, una desinformación intencional especialmente dañina para los ciudadanos, que se sienten impotentes y desorientados para tomar decisiones. Tales prácticas también han influido en el cierre de fuentes de trabajo para comunicadores y en el cercenamiento de la libertad de emprendimiento de quienes crean empleos en el área de la comunicación.
Por otra parte, el desempeño parcializado, propagandístico e ideologizante de los medios públicos no solo ha llevado al incumplimiento de su obligación de ofrecer información plural y oportuna a todos los venezolanos, sino que también ha funcionado como limitante de las libertades de los trabajadores de la comunicación que allí laboran.
Al mismo tiempo, la criminalización del derecho a la protesta y el cierre de los caminos del diálogo han producido una violenta represión de las manifestaciones pacíficas, especialmente de las manifestaciones estudiantiles, con un irreparable saldo de muertes, lesiones, detenciones y violaciones de los derechos humanos.
Ante la situación expuesta, la Escuela de Comunicación Social le exige al Gobierno Nacional que respete al derecho a la libertad de expresión y de información de todos los ciudadanos del país, en virtud de que es este derecho fundamental el que hace posible la defensa de otros derechos que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Igualmente, insta a la sociedad venezolana en su conjunto para que defienda y haga valer los derechos constitucionales a las libertades de expresión, de información y de manifestación pacífica, al tiempo que le ruega respetar la integridad y el trabajo de los comunicadores sociales.
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También desea hacer un reconocimiento público a periodistas y medios de comunicación que pese a todos los riesgos y limitaciones han cumplido con su función de transmitir información socialmente útil de manera responsable.
Finalmente, les recuerda a los estudiantes, profesores y demás miembros de la comunidad universitaria que la Escuela continuará ofreciendo sus espacios para el diálogo, el debate abierto y responsable, así como para la búsqueda de soluciones a esta coyuntura.
Consejo de Escuela de Comunicación Social
Caracas, 20/02/2014
Tiziana Polesel – Directora