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La Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Distrito Capital, alerta al gremio periodístico y a la sociedad civil sobre las últimas acciones que ejerce el gobierno contra el derecho a la libertad de expresión en Venezuela.
El gobierno continúa con su política de censura contra la información en Venezuela. Es ya conocida la actuación de La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), quien giró instrucciones a las diversas estaciones de radio y televisión venezolanas,comunicándoles algunas prohibiciones relacionadas con la consulta popular convocada por distintos factores sociales y políticos para este domingo 16 de julio.
Dicha actuación del organismo rector de las comunicaciones, representa un nuevo atentado contra las libertades democráticas previstas en nuestro ordenamiento jurídico venezolano y en la normativa internacional en materia de derecho a la libertad de expresión.
Nuestra carta magna expresaen el artículo 57 que: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”.
Asimismo el artículo 19 establece que “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen”
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Queda clara la obligación del estado en garantizar a todo ciudadano el ejercicio de los derechos humanos; por ello de forma alguna puede violentarlos.
No utilizar el término consulta popular para la actividad del 16 de julio, prohibir a los periodistas de fomentar la participación en el evento señalado y que los medios no publiquen las piezas propagandísticas previstas por la Mesa de la Unidad Democrática; fueron parte de las órdenes impartidas a los medios por Conatel.
La normativa internacional en materia de libertad de expresión, excluye totalmente la censura previa como posible restricción de los gobiernos.
La convención Americana sobre Derechos Humanos señala en su artículo 13 inciso 2, que el ejercicio de la libertad de expresión “No puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores”. Es decir, no puede el gobierno pretender una prohibición absoluta de una información u opinión antes de ser difundida.
La libertad de expresión e información es un derecho fundamental consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuyo artículo 19 establece: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirla, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión”
Por su parte La ley de Ejercicio del Periodista en su artículo 5, inciso 5 señala como uno de sus fines “Salvaguardar la libertad de expresión y el derecho a la información”; razón por la cual el gremio periodístico ejecutará todas las acciones necesarias para defender estos derechos.
El Colegio Nacional de Periodistas seccional Distrito Capital, Condena enérgicamente las actuaciones de Conatel porque constituyen censura previa, la cual es contraria al ejercicio de los derechos humanos, además de estar prohibida en el marco legal vigente.
Asimismo exigimos al gobierno nacional respeto al marco jurídico vigente y exhortamos al ejecutivo revisar las decisiones en contra de los ciudadanos y medios de comunicación para que se restablezcan las garantías plenas para el ejercicio de la libre expresión.
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En Caracas a los13 días del mes de julio de 2017
