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Según indicó el Banco, la norma entró en vigor el pasado 10 de enero tras ser acordada entre esta entidad y los ministerios de Seguridad Pública y Seguridad Estatal.
De acuerdo con esta norma, de 22 puntos, las instituciones financieras chinas tendrán la obligación de informar de «transacciones sospechosas».
También deberán congelar inmediatamente los bienes que detecten de los sospechosos de terrorismo una vez que el Ministerio de Seguridad Pública divulgue los nombres de éstos.
En ningún caso podrán informar al potencial afectado de que se van a congelar sus bienes y, si se filtra información que permita operaciones ilícitas u ocultar bienes, los responsables serán castigados.
El Banco Central no especifica hacia qué grupos en concreto está dirigida esta medida, pero sí precisa en el caso de que otros países soliciten la congelación, será necesario seguir el proceso diplomático y legal correspondiente, y si las sucursales en el extranjero de bancos chinos reciben una petición en ese sentido tendrán que recibir la autorización de su central.
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El Banco precisa que la regulación «se aplica principalmente al territorio nacional, y tendrá efecto en las sucursales y filiales de las organizaciones relevantes en el exterior».
Aunque el Banco no menciona específicamente a Xinjiang o a grupos extremistas de esta región autónoma, donde aumenta la tensión entre la minoría uigur y las fuerzas de seguridad del régimen comunista, China asegura que la principal amenaza a su seguridad proviene de allí.
El Gobierno chino acusa a grupos terroristas de dirigir ataques bajo la cortina del islamismo radical, pero los uigures en el exilio acusan al régimen comunista de reprimir la religión y la cultura de su pueblo, lo que es caldo de cultivo para la violencia que según ellos es producto del descontento social.
Los uigures, unos 10 millones de personas, son un pueblo mayoritariamente musulmán y ligado a las etnias de origen turco de Asia Central, que habita el oeste y sur de Xinjiang, la subdivisión administrativa mayor de China, rica en recursos naturales como gas natural o petróleo.
Pekín ha endurecido las medidas de seguridad en la región autónoma después de que el pasado octubre un vehículo arrollara a los viandantes y se estrellara contra la puerta de Tiananmen, en pleno corazón físico y sentimental de Pekín, en un incidente que causó la muerte de los tres ocupantes del automóvil y dos turistas.
El Gobierno chino calificó el incidente de acto terrorista y atribuyó su autoría a grupos extremistas uigures.
Según ha informado la agencia oficial china, Xinhua, este año la Policía de Xinjiang recibirá dos millones de yuanes (328.000 millones de dólares) para combatir el terrorismo.
El presidente del gobierno regional, Nur Bekri, indicó el jueves que «debemos combatir dura y constantemente el terrorismo violento, de acuerdo con la ley pero sin piedad».
El miércoles, la Policía china detuvo en Pekín al prominente intelectual uigur Ilham Tohti y a su madre, y se incautó de sus ordenadores y numerosos documentos. El Gobierno chino adujo que el académico «es sospechoso de incumplir la ley».
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[Fuente: eluniversal.com]