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El próximo año debía comenzar a funcionar el nuevo sistema de enseñanza escolar, que reduce la educación básica a seis años y amplía la media a otros seis. Es decir, desde 2018 existiría de primero a sexto básico y de primero a sexto medio. Este cambio quedó establecido por la Ley General de Educación (LGE) en 2009 y su objetivo principal es incentivar la permanencia en un único establecimiento y contar con profesores especialistas desde el actual séptimo nivel. Así lo reseña LaTercera.com, con un trabajo periodístico de F. Guzmán, C. Mardones y M. Bustos:
Sin embargo, ayer el gobierno ingresó un proyecto de ley que aplaza la puesta en marcha de este sistema hasta 2027, argumentando que “el plazo anterior (2018) se ha hecho insuficiente, atendida la complejidad de los cambios que supone esta adecuación curricular. Ejemplo de ello son los importantes cambios que deben realizarse en materia de infraestructura y especialización de los docentes”.
Este último punto se explica porque actualmente en séptimo y octavo pueden enseñar profesores con formación general básica o formación media con alguna especialización. Sin embargo, con el cambio de ciclo deberán ser impartidos por docentes especialistas. El proyecto advierte que un 40% de los profesores que actualmente enseñan en séptimo y octavo básico deberán especializarse, o sea, más de 25.000 docentes.
¿Cuál es el problema con la infraestructura? El documento asegura que deben readecuarse 4.210 establecimientos en todo el país para estar listos para este cambio. Juan Pablo Valenzuela, académico del Centro de Investigación Avanzada en Educación (Ciae) de la U. de Chile, explicó los inconvenientes que se generan en esta área. “Los colegios municipales, exceptuando unos pocos emblemáticos, tienen enseñanza básica o media. Por lo tanto, los de media tendrán que ampliarlos para que puedan recibir alumnos desde séptimo y los de básica achicarlos, porque perderán dos cursos. Es decir, en unos te faltará mucha infraestructura y en otros te sobrará”, señaló el académico de la Casa de Bello.
Valenzuela enfatizó que “el gran afectado va a ser el sector público, porque casi todos sus colegios se dividen en los que llegan a octavo y los que parten de primero medio. El sector subvencionado también se va a ver impactado, porque la mitad de sus recintos tienen las mismas características que en el mundo municipal”. El académico subrayó que es “una reforma muy costosa, con evidencia muy escasa de su impacto en calidad. Hay que pensar bien si se deberían dedicar recursos a esto o si hay otras prioridades”.
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En tanto, Hernán Hochschild, director ejecutivo de Elige Educar, señaló que es importante, antes de aplicar o no la ley, que se analice la situación de los alumnos de sexto, séptimo y octavo, “donde hay una etapa de transición en sí misma y hay que proyectar eso. Se puede acoplar a básica o media, pero esos cursos, esos años, tienen sus particularidades y hay que trabajarlas en la formación de profesores y programas”.
Sergio Martinic, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, enfatizó que la modificación no es negativa, pero necesita ser estudiada y planificada. “Este es un cambio que va en la línea con lo que ocurre en prácticamente todos los países, en que existe una estructura de seis años de enseñanza básica, cuatro años de educación media y dos años de educación media superior o preparatoria”, dijo el investigador.
En ese sentido, explicó que en muchos países de Latinoamérica, como Argentina y México, esos cursos se llaman preparatoria, “porque preparan a los alumnos para la educación superior. Hay vínculos mucho más estrechos entre esos últimos años y las instituciones donde el alumno va a ir a estudiar posteriormente”.
Es por ese motivo que, según Martinic, en último año “debe existir una articulación mucho más fluida con la educación superior. Tener la posibilidad, por ejemplo, de que el estudiante pueda tomar cursos que lo orienten en su elección de estudios posteriores. Hoy existe una desconexión en ese sentido”, concluyó.
La historia del cambio
En Chile, hasta la década del 60 existió una educación con seis años de enseñanza básica -llamada preparatoria- y seis de media. La reforma de 1965, de Eduardo Frei Montalva, modificó estos ciclos, aumentando a ocho años la educación básica y reduciendo a cuatro la media. En esa época la enseñanza básica era obligatoria y se buscaba ampliar los años de escolaridad. ¿De dónde surgió la idea de modificarlo? La aprobó el llamado “consejo para la calidad y equidad de la educación”, conformado en el primer gobierno de Miche-lle Bachelet tras la ‘revolución pingüina’ de 2006 y que trabajó durante ese año. Las conclusiones de dicha mesa de trabajo señalan que el actual esquema “no corresponde a las estructuras de los sistemas educacionales de la mayor parte de los países del mundo” y que “no se ajusta apropiadamente a las demandas de la sociedad del conocimiento.
Así, el informe final del consejo consigna que “en la actualidad, la educación general básica de ocho años es impartida por profesores de formación generalista para las 10 asignaturas del currículum, lo que no permite la profundización de los conocimientos requerida para enfrentar el currículum de los primeros años de la educación media. Esto fuerza a muchos establecimientos de este nivel a convertir su primer grado en un año de corrección o nivelación de lo que debiera haberse aprendido antes”.
Añade que los colegios que cuentan con ambos niveles, generalmente privados y algunos particulares subvencionados, reestructuran sus programas de enseñanza, utilizando docentes de media especializados. “Así, establecen un ciclo más integrado y más pertinente a la edad de los alumnos, que cubre del séptimo al décimo año de escolaridad. La mayoría de los establecimientos municipales (con excepción de algunos liceos) no puede hacer estos ajustes, lo que afecta a la calidad”. En los últimos años, algunos establecimientos particulares pagados comenzaron a modificar su estructura, preparándose para el cambio de ciclo.
Fuente: LaTercera.com
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