Cédula Electrónica: Tu información en manos de los cubanos

Nombre y apellido, número de cédula, fecha de nacimiento, estado civil, firma manuscrita, huella dactilar, foto, datos sobre el pago de impuestos, cargas familiares, dónde vive, dónde vota, licencia de conducir, señas del Seguro Social, historia médica, tipo de sangre, si es donante de órganos y tejidos y firma digital.

Esos son, entre otros, los datos que estarán incluidos en el chip de la nueva cédula electrónica que el Estado venezolano planea lanzar luego de las elecciones de 2012, de acuerdo con lo divulgado por el Saime, Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería.

Después de que El Nacional reveló los términos del contrato con la firma cubana que limitan la participación de técnicos venezolanos en el proyecto del documento de identificación de los venezolanos (Siete Días, 17-7-2011), las autoridades aseguraron a través de los medios oficiales que la data está protegida por el Saime y que sólo nacionales trabajan en el plan. Sin embargo, la opinión pública aún desconoce el alcance de la tecnología adquirida por el Estado y no se ha abierto el debate para evaluar los pro y contra.

Tampoco se han suministrado pormenores de la contratación con Cuba.

Poco han informado las autoridades sobre los procesos técnicos que garantizarán que los datos incluidos en el chip no los podrán leer personas sin autorización o que el documento no será alterado. "Será infalsificable", se limitó a afirmar, en boletines de prensa, Dante Rivas, director del Saime. "Está hecho con una lámina de policarbonato, el sistema de impresión atraviesa las capas y graba la información, también posee un chip en el cual sólo el Saime puede incorporar información y un certificado electrónico para que los usuarios puedan realizar transacciones vía web de forma segura", señaló.

Por fuera, la tarjeta tendrá los mismos datos que la actual.

Dentro estará el chip al que se refirió Rivas, con una memoria de 72 kb, de acuerdo con el contrato de compra de las tarjetas que la empresa cubana Albet Ingeniería y Sistemas firmó en 2008 con la multinacional Gemalto. Es un dispositivo, con tecnología RFID, que emplea radiofrecuencia.

En los países donde se ha aplicado esa tecnología ­incluso en Estados Unidos, que la usa en los pasaportes­, la opinión pública ha discutido sobre los mecanismos para cifrar la información en los dispositivos y evitar accesos indeseados que pongan en peligro la seguridad del ciudadano al exponer todos sus datos. El debate, además, se ha dado sobre la posible vulneración de la intimidad de los individuos. Los temores sobre estados, empresas o grandes corporaciones que husmean en la vida privada han activado a grupos de defensa de los derechos civiles alrededor del mundo.

Rocío San Miguel, directora de la organización Control Ciudadano, lamenta que no existan mecanismos para auditar las decisiones gubernamentales en una cuestión tan sensible. "Las autoridades debieron informar sobre la adopción de esta tecnología, en especial porque permite la ubicación en tiempo real de las personas y hay que ver si son compatibles con nuestras normas. Un asunto de seguridad nacional como el de la identidad debió contar con la aprobación del Poder Legislativo".

En la Asamblea Nacional el tema es tabú, dice el diputado por el estado Táchira, Abelardo Díaz, quien el 9 de agosto propuso en la plenaria debatir el caso y solicitó la interpelación del ministro de Interior, Tareck el Aissami. El planteamiento chocó contra el bloque oficialista, que lo negó por mayoría.

"No han explicado nada. Dicen que esa cédula es muy buena, que será la mejor del mundo, pero se niegan a dar información", señala Díaz.

El diputado oficialista José Javier Morales, que fue director de la Onidex y firmó en 2007 el contrato con Albet para que los cubanos desarrollaran la nueva cédula, le respondió a Díaz: "Gracias a la colaboración de Cuba ha logrado digitalizarse el archivo de las huellas dactilares de más 20 millones de venezolanos".

Tecnología con detractores.

Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la preocupación por las medidas de seguridad de documentos de identidad, como los pasaportes, se agudizó y muchos países desarrollados comenzaron a emitir identificaciones con etiquetas RFID.

Cuando Estados Unidos estudiaba insertar un chip de ese tipo en sus pasaportes, encontró resistencia en la sociedad civil y en organismos defensores de la privacidad del individuo ante la idea de que cada ciudadano tuviera en su cartera un dispositivo que puede ser rastreado por las ondas que emite, sin que el usuario se dé cuenta, y que puede identificar sus movimientos.

Por ello, el Comité Consultivo de Integridad y Privacidad de Datos del Departamento de Seguridad de ese país sugirió la utilización de otros dispositivos. En un informe elaborado en 2006 reconoció que esta tecnología aumentaba los riesgos para la privacidad y seguridad personal, debido a que a través de ellos se podía localizar y hacer seguimiento de los ciudadanos.

Finalmente, se omitieron las observaciones y entró en vigencia el pasaporte electrónico con RFID.

Los chips con esa tecnología han sustituido paulatinamente la identificación con códigos de barra y sus primeros usos fueron comerciales. Circuitos integrados como estos son colocados en los productos de algunas tiendas, para hacer los inventarios rápidamente o para evitar hurtos, pues al pasar cerca del lector las alarmas se encienden.

También es empleado en puestos fronterizos en Estados Unidos, Canadá y Alemania, por ejemplo, para hacer más expedito el paso de los viajeros.

Cómo y quiénes.

Vincenzo Mendillo, profesor de la Escuela de Ingeniería de la UCV y especialista en seguridad informática, explica que los chips usados en identificaciones tienen complejos algoritmos de cifrado de información que impedirían que alguien con un lector RFID ­se consiguen desde 50 dólares en Internet­ pueda acceder a la información que contienen.

Mendillo observa, sin embargo, que se debe especificar a quiénes les estará permitido el acceso a la data contenida en el chip y qué procesos de seguridad se implantarán. "Hay que evaluar los niveles de acceso que tendrán las diferentes autoridades", insiste. Se refiere, por ejemplo, a poder determinar si los lectores instalados en los cuerpos policiales podrán leer en las cédulas desde el nombre de la persona hasta el estatus de su declaración de impuestos, o si en un hospital podrán ver hasta el centro de votación que le corresponde al paciente.

Marc Langheinrich, profesor de la Facultad de Informática de la Universidad de Lugano, en Suiza, ha escrito artículos sobre la materia en revistas científicas. Vía correo electrónico, explica que con la tecnología RFID se pueden elaborar documentos de identidad más difíciles de falsificar. El peligro ­analiza­ estaría en la introducción de programas que recolecten datos sobre las transacciones y movimientos de las personas, que por lo general se instalan bajo la excusa del combate contra el crimen.

"Una vez que todos tengan tarjetas RFID, pudiera decidirse que sea obligatorio para las empresas grabar la información de los usuarios. Luego, se le podría solicitar a cada ciudadano que se identifique cuando navegue en Internet, por ejemplo, en las salas de chat, para prevenir anuncios subversivos o injuriosos. Esto ya es una ley en Corea del Sur. Cada paso hacia el monitoreo se vuelve inevitable porque ya se cuenta con la tecnología y la gente se acostumbra a su comodidad. En pocos años, la gente creerá que el Estado tiene derecho a vigilarlos y a acceder a sus datos cuando quiera", señala.

Langheinrich opina que los ciudadanos deben conocer las razones por las que se adquiere una tecnología en particular, entender sus implicaciones a largo plazo y ser cautelosos en cuanto a las "mejoras" que se le puedan introducir luego.

En 2008, un grupo de estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Virginia ­con un equipo que costó menos de 1.000 dólares­ accedió remotamente a la información de las tarjetas inteligentes y logró clonarlas.

El año pasado, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Información de España advirtió en un informe que entre los riesgos de ese tipo de chips están accesos a la información no permitidos por los ciudadanos y el rastreo de las personas y sus gustos. "Al portar una etiqueta RFID una persona puede ser observada y clasificada", alertaron. Observaciones similares han hecho organismos como Privacy International, de Londres, y el Grupo para la Protección de Datos de la Comisión Europea.

En países como Alemania y Holanda, entretanto, prosperan las ventas de fundas con aislantes para tarjetas, pasaportes y cédulas con etiquetas RFID, que impiden la lectura de los chips a menos que el usuario lo autorice.

Control ciudadano.

De las vulnerabilidades estaban enterados los cubanos de la empresa Albet cuando negociaron la compra de la cédula electrónica para Venezuela, afirma Anthony Daquin, ex asesor del Ministerio de Interior que actualmente solicita asilo en Estados Unidos porque ­afirma­ recibió amenazas después de criticar el contrato con Cuba.

Daquin participó en la comisión que evaluó cuál tecnología debía adquirir el país y asegura que se consideraron opciones que ofrecían más privacidad a los ciudadanos, como las nuevas tarjetas de los bancos, que necesitan ser introducidas en el lector para ver la información contenida en el chip. Estudiaron los casos de naciones que usan identificaciones electrónicas, tanto chips con contacto como los RFID. Austria, Portugal, Estonia, Finlandia, Suecia, Bélgica, Malasia, España, Italia, Alemania y China estuvieron en la muestra.

"Cuando les pregunté por qué escogían el chip RFID, me dijeron que para hacer control político. En el chip se cruza la información del Saime, el CNE, el Seniat. Es posible también compararla con la lista Tascón (que identifica a los que pidieron revocar a Hugo Chávez en 2004). Si se identifica a una persona como objetivo, es posible rastrear su ubicación; cuando pase por algún lector, sabrán dónde está", asegura.

La idea de control no es nueva en el país. La licitación realizada en el año 2000 para la adquisición de la cédula electrónica convocaba el proceso para un nuevo "sistema de identificación nacional y control ciudadano". Pero un escándalo de corrupción acabó con la negociación, hasta que en 2007 Venezuela le otorgó el contrato a Cuba.

Rafael Rivero Muñoz, ex director de la Disip (actual Sebin) y de la policía judicial, recuerda que los planes de identificación electrónica anunciados en 1997 por el gobierno de Rafael Caldera, y luego por el ex ministro de Interior Luis Alfonso Dávila, a principios de la gestión de Chávez, afectaban la privacidad. "En la práctica ni siquiera es necesario que usted muestre la cédula que lleva en la cartera.

El lector electrónico, al aproximarse, la identifica y tiene a disposición toda la información de su contenido. Siendo así, desde el momento en que obtenga la cédula el ciudadano estará bajo el control total y absoluto del Estado", asevera.

Para Rivero, esa tecnología implica el control casi policial de todos los ciudadanos. No puede hablarse de la privacidad garantizada en la Constitución ­razona­ si todos los datos personales, familiares, académicos, de salud, bancarios, penales, de propiedades y de servicios públicos pueden ser leídos en oficinas públicas o privadas que cuenten con la tecnología para ello. Además, teme por el uso que le pueda dar la delincuencia organizada en un país que muestra alarmantes índices de inseguridad: la información podría ser empleada para chantajear, secuestrar o extorsionar.

"Para mí, como militar, ese sistema es ideal", dice vía telefónica Marcos Figuera, que fue director de la Onidex hasta 2002 y ahora vive en Estados Unidos.

Recuerda que el proyecto para unificar la información de todos los ciudadanos en una base de datos digital se discutió en ese organismo en los inicios del gobierno de Chávez: "Aunque en aquella época la cédula no incluía tanta información, el proyecto tuvo detractores que argumentaron el problema de la privacidad".

Desde su óptica militar, rescata que en un sistema donde todos los venezolanos están registrados ­"abstrayendo el uso político y delincuencial"­, el problema de la inseguridad se afrontaría mejor porque sería más rápido el chequeo de las identidades de los delincuentes.

Los expertos suman a esos problemas la preocupación de que un gobierno extranjero maneje todos los datos de los ciudadanos o que del Saime ­que el último año ha destituido a 200 funcionarios por corrupción­ se puedan filtrar los programas y códigos que permiten la lectura de la información contenida en el chip de las cédulas y eso pudiera ser empleado para fines económicos o políticos o para cometer delitos. El Gran Hermano, además, tendría acento cubano.

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