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Con la aprobación de la Ley Desarme, Control de Armas y Municiones, instrumento que se estima sancionar en plenaria de la Asamblea Nacional (AN) en aproximadamente 15 días, se acabará la corrupción en los entes policiales y sobre todo en los recinto penitenciaros, según lo explicó el Diputado nacional por el estado Anzoátegui, Carlos Vargas.
El legislador nacional, miembro de la bancada opositora, detalló que este instrumento jurídico aprobado en primera discusión por conceso y unanimidad, busca sentar los derechos del ciudadano y privilegiar la vida como un Derecho. Desde su perspectiva, Vargas aseguró que en Venezuela han muerto cerca de 150.000 mil personas por homicidios, situación que se debe a la falta de control sobre las armas y municiones.
De igual forma, acotó que el 70% de los asesinatos cometidos en los últimos 10 años han sido con municiones de CAVIN empresa del Gobierno Nacional para la fabricación de armas y provisiones.
El también presidente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en Anzoátegui, dijo que esta Ley no es “milagrosa” pero marca el inicio de la lucha seria contra el crimen, a favor de la vida y la tranquilidad de los ciudadanos. Ésta está planteada en tres niveles. Especificó, que los mismos está divididos como: control de armas, control de municiones y el desarme propiamente dicho; este último refiere a quienes los portan sin permiso y quienes lo tienen y abusan de él.
“Es claro que con esta Ley se inicia un proceso sincero del Gobierno y la oposición para juntos disminuir los crímenes en Venezuela”, sostuvo Vargas. Un total de 84 artículos conforman este estatuto legal, los cuales fueron estructurados en 10 meses de trabajos, impulsados por la Comisión de Políticas Interiores y la Comisión Desarme.
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El Diputado a la AN, puntualizó que se realizaron 24 mesas técnicas en los 24 estados y en las mismas, se recibieron más de mil propuestas elevadas por distintas organizaciones, entes gubernamentales, consejos comunales y comunas, “es evidente que existió una voluntad política en la elaboración de esta Ley. Los venezolanos estamos exigiendo más seguridad y mayor castigo para quienes quebrante la Ley”, sentenció.
Comentó Vargas, que entre las propuestas presentada por Anzoátegui está el control de armas en policías y empresas de vigilancia privada. Asimismo, añadió que entre los aspecto álgidos está el aumento de la edad para el porte de armas de 21 a 25 años de edad; los portes serían entregados por tres años con posibilidad de revocatoria; control de municiones con laser para los distintos cuerpos, lo cual colaboraría con las pesquisas y las ciencias forenses.
Con la aprobación de este instrumento se dio inicio al control de parques de armas, esto con el objeto de evitar el alquiler de armas, procedimientos ilícitos que se vienen cometiendo dentro de las organizaciones podridas de seguridad tanto regional como castrense. “Sin ir muy lejos, tenemos conocimiento que en el Centro Penitenciario de Puentes Ayala circulan de manera ilegal entre 2.500 y 2.800 armas. Es necesario acabar con estas mafias corruptas dentro de nuestro sistema penitencias”.
Aseveró el parlamentario nacional, que el peso de la Ley recaerá sobre aquellos funcionarios corruptos y funcionarios públicos en más de un tercio de los años estipulados para quienes introduzcan armas del Estado en los reclusorios y fomenten el uso de las mismas. “Advertimos que está señalado el camino y no debe fallarse en el cumplimiento”, sentenció.
[Fuente: Prensa Dip. Carlos Vargas]