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Internet debe ser uno de los pocos servicios por el cual pagamos sin chistar y reclamamos sólo cuando no funciona. Pero la falta de transparencia en varias instancias de la comercialización (bonificaciones, contratos, baja de servicio, velocidad, descargas, entre otros) hace que los usuarios queden expuestos a una serie de abusos por parte de los proveedores del servicio.
Se puede decir que los ISP (Internet Service Provider) son el malo de la película en esto de hacerse con una conexión decente, algo que en Brasil parecen haber decidido tomarse en serio ya que el gobierno comenzará a implementar medidas para controlar que cumplen con lo que ofrecen.
La noticia fue informada directamente por la presidenta Dilma Rouseff, quien indicó que a partir del próximo mes de diciembre, los ISPs tendrán que ofrecer un mínimo promedio del 60% de la velocidad contratada y un piso garantido del 20% de la velocidad en todo momento, que contrate el consumidor, incluso en instancias de alta saturación de tráfico.
Estas medidas fueron elaboradas en base a una investigación que reveló que en muchos casos, los consumidores estarían recibiendo apenas un 10% de la velocidad establecida en los contratos de servicio.
La medida será ampliada progresivamente, tanto para adecuar los servicios como para que los ISPs puedan invertir en el equipamiento necesario para cumplir con la nueva normativa, y tendrá otro objetivo en 2014, año en el que los proveedores deberán llegar a un mínimo del 80% de la velocidad contratada.
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Para auditar el cumplimiento de esta exigencia, el gobierno de Dilma Rouseff, a través de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), instalará un equipo de control en miles de usuarios anónimos para controlar la velocidad y estabilidad de las conexiones, y que cumplan con lo establecido en la nueva ley.
Los consumidores que tengan este equipo de medición instalado lo harán en forma voluntaria, ya que esos datos serán publicados mensualmente por el ente regulador para evaluar si los ISPs cumplen con los objetivos de calidad. En caso de incumplimiento, además de la intimación para la resolución de los casos, el Estado impondrá multas e incluso el cierre definitivo de la empresa proveedora de internet.
La exigencia de transparencia en la velocidad contratada ya tiene un antecedente en España, cuando el ex Ministro de Industria Miguel Sebastián propuso en 2008 una reglamentación similar, pero que nunca se implementó al 100%.
¿Que otro tipo de controles podrían realizarse para que los proveedores de internet cumplan con lo ofrecido por contrato? ¿Conoces alguna otra limitación que tengas contratada y que tu proveedor de internet no cumpla?