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Hasta ahora van cuatro personas sentenciadas a muerte como resultado de un escándalo en torno a un monumental fraude financiero. Más de cuarenta banqueros y hombres de finanzas han sido involucrados en una estafa de $2,600 millones de dólares, que detonó hace un año, cuando se comprobó que una una firma de inversión había falsificado documentos para avalar créditos amitidos por al menos siete bancos locales. Aparentemente el dinero fue utilizado para adquirir empresas ex-estatales que fueron puestas a la venta como parte de un programa de privatización establecido por el gobierno iraní.
Si bien la identidad de los acusados se ha mantenido en secreto, se sabe que además de los cuatro que recibieron sentencia a muerte, dos más se han hecho acreedores a cadena perpetua, mientras que otros 33 pasarán los próximos 25 años en la cárcel. A pesar de que con frecuencia las férreas leyes de los países islámicos son cuestionadas por el resto del mundo, lo cierto es que esta vez los ciudadanos de muchos países envidiarían la tajante pena que el gobierno de Ahmadinejad ha impuesto contra la voracidad de estás personas (el mismo nefasto instinto que ha provocado múltiples crisis financieras alrededor del planeta). ¿O no?