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Amnistía Internacional llamó el miércoles a aplicar la jurisdicción universal para «garantizar» la protección a los derechos humanos en Venezuela.
El organismo denunció una escalada en la «represión por parte de los cuerpos de seguridad» bajo el gobierno de Nicolás Maduro, en particular para «castigar» a residentes de barrios pobres que protestaron entre el 21 y 25 de enero.
“La justicia internacional es la única esperanza para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Es hora de activar todos los mecanismos disponibles para prevenir más atrocidades”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para América de la entidad, citada en un informe.
“El sistema de justicia venezolano parece tener una política de abandono de las víctimas”, agregó el documento.
La tensión política se reavivó en Venezuela luego de que el Congreso llamó en enero a Maduro un “usurpador” del cargo por haber sido reelegido en unos comicios duramente cuestionados, en mayo del 2018.
Luego, el 23 de enero, el líder opositor y jefe del Congreso dominado por la oposición, Juan Guaidó, invocó la Constitución y se autojuramentó como presidente encargado, lo que fue acompañado de manifestaciones contra Maduro en todo el país.
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El reporte destacó que en solo esos cinco días hasta el 25 de enero, al menos 41 personas murieron durante protestas, todas por heridas de bala, y más de 900 fueron detenidos arbitrariamente.
“Los países realmente preocupados por la situación de los derechos humanos en Venezuela deben explorar la aplicación de la jurisdicción universal, que sirve como un camino alternativo a la justicia para las víctimas que no pueden acceder a ella a nivel local”, dijo Amnistía en su informe.
Las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes de la policía afectaron mayormente a zonas pobres vinculadas a las manifestaciones donde las víctimas fueron presentadas posteriormente como “delincuentes” muertos en enfrentamientos con las autoridades, según Amnistía.
“Las autoridades venezolanas deben poner fin a las políticas de represión que han desarrollado en los últimos años y cumplir con su obligación de garantizar la justicia”, destacó.
La entidad también pidió al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que tome medidas “para hacer frente a la impunidad total que prevalece en Venezuela, mediante la creación de un organismo de investigación independiente para supervisar e informar sobre el situación de los derechos humanos en el país”.
