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Dirigentes de distintas corrientes sindicales del país acudieron ayer al Tribunal Supremo de Justicia para introducir una acción popular de inconstitucionalidad parcial de la Ley Orgánica del Trabajo y una medida cautelar en contra del Registro de Organizaciones Sindicales.
Carlos Navarro, presidente de la Alianza Nacional Independiente, indicó que específicamente se trata de 15 artículos de la normativa laboral que conculcan el derecho a la libertad sindical, consagrado la Constitución y el convenio 87 de la OIT.
En compañía de otros líderes sindicales y representantes de Provea, Navarro expresó que el movimiento sindical se encuentra en una situación que no tiene antecedentes en la historia socio laboral de América Latina.
Advirtió que la forma como se ha llevado a cabo el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales plantea la disolución de manera administrativa de más de 80% de los sindicatos del país.
«Estamos frente a la posibilidad de que una funcionaria, directora nacional de organizaciones sindicales, deje sin sindicatos a cientos de miles de trabajadores a partir del 31 de diciembre de 2013, es decir, que el 1 de enero de 2014 pueden amanecer 80% de los sindicatos disueltos por vía administrativa», advirtió.
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Según la Ley del Trabajo, el 31 de diciembre vence el plazo de un año otorgado a los sindicatos para inscribirse en un registro único. Hasta ahora, el Ministerio del Trabajo no ha ofrecido un balance preliminar de los afiliados. De acuerdo a la Memoria y Cuenta del organismo, entre el año 2000 hasta 2012 existían en el país 5.952 sindicatos.
El movimiento sindical espera que el máximo tribunal responda a sus planteamientos en cinco días hábiles. Marcela León, abogada de las organizaciones sindicales, aspiró a que se decrete la medida cautelar de amparo y se suspenda los efectos del Registro de Organizaciones Sindicales.
Cuestionó que fue apenas hace unos tres meses cuando se dio inicio al registro sindical, pese a que debió iniciarse el 1 de enero de 2013. Esto limita el tiempo para verificar cualquier deficiencia u omisión de la documentación.
Otras dificultades tienen que ver con que el proceso está centralizado en Caracas y que se requiere la firma de cada trabajador, cuando a veces hay sindicatos y federaciones con obreros distribuidos por todo el país.
[Fuente: Eluniversal.com]